En la segunda mitad de los años 90, el discurso del hoy fallecido expresidente Hugo Chávez para llegar hasta la Presidencia de la República, incluía en su paquete al referendo revocatorio como una manera de poner fin a gobiernos que marcharan a contrapelo de los intereses nacionales
Ante un gobierno que ha probado sobradamente su impericia para administrar los bienes de los venezolanos, se impone el legítimo derecho de la ciudadanía de sustituirlo por las vías constitucionales y democráticas, que son derecho de todos.
Recordemos que, en la segunda mitad de los años 90, el discurso del hoy fallecido expresidente Hugo Chávez para llegar hasta la Presidencia de la República, incluía en su paquete al referendo revocatorio como una manera de poner fin a gobiernos que marcharan a contrapelo de los intereses nacionales.
La novedosa propuesta fue una de las tantas acogidas por el electorado de aquellos tiempos, ya que el mismo candidato aseguraba que se acogería a tal mecanismo si defraudaba las expectativas populares.
Hoy, cuando sentimos que a la actual administración se le agotó su tiempo de errar y evidentemente no quiere rectificar, la opción del referendo revocatorio ha sido masivamente aplaudida como propuesta para cambiar a quienes no tienen voluntad de corregir ni de reconocer sus numerosos errores.
Sin embargo, en uno de esos retruécanos sorprendentes que cotidianamente presenciamos los venezolanos, el Consejo Nacional Electoral “oficia” a la Asamblea Nacional reservándose para sí la facultad de legislar en cuanto a referendos revocatorios, justamente cuando amplios sectores de la población nacional han comenzado a movilizarse para la consecución de las firmas necesarias.
La sorprendente e inesperada acción del CNE tiene varias aristas. En primer lugar, se erige por encima de los ciudadanos, los mismos a quienes el gobierno llama “el soberano” solamente cuando le conviene. Y es que esa misma ciudadanía, aparte de su poder originario, está protegida bajo la Constitución Nacional en cuanto a su facultad de solicitar convocatoria a un referendo mediante la recolección de firmas.
Por si fuera poco, también invade las facultades del Legislativo, buscando desplazarlo en las funciones que le son naturales, y creando un estéril conflicto de poderes -otro más-, cuando lo que necesita el país es que todos rememos urgentemente en la misma dirección.
Recordemos que el Artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela enuncia, en el numeral 1: “Corresponde a la Asamblea Nacional: Legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional”.
Todo esto ha sido una reacción al hecho de que la Asamblea Nacional aprobara en marzo pasado y en primera discusión, el proyecto de Ley Orgánica de Referendos para reglamentar dichos procesos. De allí se origina la reciente comunicación de la presidenta del árbitro, Tibisay Lucena, al jefe del legislativo, Henry Ramos, donde se asegura que el asunto “se encuentra siendo tramitado fuera del marco constitucional”.
Si a la Constitución vamos, su Artículo 72 establece que “Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables”. Y agrega que: “Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato”. Recordemos, adicionalmente, que nada puede estar por encima de la Carta Magna.
En paralelo, no se debe olvidar que la Mesa de la Unidad Democrática ya posee una maquinaria activa y bien engrasada que llevó a esta coalición a la victoria en las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre, y que está lista para servir como correa transmisora de la expresión de la gente ante los poderes constituidos y así materializar este instrumento para derrotar la crisis que hoy agobia al país. Todo ello en el marco del artículo constitucional previamente citado.
En función de ello, la legislación que en estos momentos ocupa a nuestro Parlamento -y que está al borde de su aprobación para cuando se publique esta nota- tiene que ver con agilizar el ejercicio de un derecho constitucional y por ello es inadmisible cualquier intento de complicar o entorpecer dicho ejercicio ciudadano.
Muy por el contrario, los poderes de manera concertada y armoniosa, deberían sacar adelante todo lo necesario para apoyar este nuevo acto de expresión del mandato de la gente.
Por ejemplo y en este sentido, toca al CNE emitir la planilla oficial de recolección de firmas para la solicitud del referendo revocatorio presidencial, y deben hacerlo en un tiempo perentorio.
Empeñarse en cualquier tarea distinta a esta es intentar buscarle sin éxito la quinta pata al gato, ya que todos los caminos conducen a Roma y lo que queda es ocuparse de facilitarle a los venezolanos la expresión de su voluntad amparada por la Constitución Nacional.
David Uzcátegui
