Convenios salariales y remunerativos alejados de la realidad económica del país no le sirven absolutamente a nadie
Con la cercanía del primero de mayo y la extraordinaria situación económica del país, es bien probable que el Gobierno Nacional acuda por enésima vez a decretar un incremento en el salario mínimo nacional, como ha sido su política en los últimos años.
¿Pero esto resuelve la agobiante situación económica que hoy sufrimos los trabajadores venezolanos?
En sociología del trabajo es común la expresión según la cual los salarios suben por las escaleras y la inflación por el ascensor. Es evidente la actualidad de esta frase.
Quienes participamos en negociaciones de convenios colectivos de trabajo nos encontramos en la disyuntiva y con una gran incertidumbre al momento de conciliar cláusulas de ajustes salariales o de beneficios laborales.
La razón es harto sencilla: la nada serena inflación que impacta tanto a los trabajadores, como a la entidad de trabajo y al entorno económico y social respectivo.
Ni a los sindicatos, ni a los representantes patronales les interesa la suscripción de cláusulas salariales o remunerativas que no esté en armonía con la realidad económica del país, dado que esto traerá conflictos laborales y se desperdiciaría la paz y seguridad jurídica que otorgan los convenios colectivos por un mediano plazo.
Convenios salariales y remunerativos alejados de la realidad económica del país no le sirven absolutamente a nadie.
Pero cómo hacemos, si fue en el mes de enero de 2016 cuando nos pudimos enterar de las cifras oficiales de inflación del año 2015, cuando el único indicador válido es la casi diaria ida a los mercados y el recurrente clamor popular de que todo está muy caro; nada se consigue; los precios tienen variación semanal etc. La solución es fácil detectarla pero no fácil de resolver: combatir la inflación.
Algunos estudiosos en el área de economía social de trabajo rememoran la vieja tesis de la “escala móvil de salarios” para combatir la inflación, pero a pesar que está vigente en múltiples convenios colectivos, implicaría en la situación económica actual “pasarse” los tres años de duración de contratos colectivos en discusiones y negociaciones en proporción a que no solo será afectada la cláusula salarial sino la de otros beneficios sociales inmersos en toda convención de trabajo.
Probablemente, la solución más básica es amarrar los aumentos de salario a la inflación, pero esta idea no aporta un real incremento remunerativo sino que solo ajusta lo que ya se tiene -el salario- al fenómeno inflacionario.
Como ejemplo de esta idea tenemos los aumentos al salario mínimo y al cesta tickets decretados en el mes de febrero de 2016.
La percepción sobre estos incrementos se ilustra con el refrán popular de “se volvió sal y agua” ante la creciente inflación.
La antigua ley del trabajo establecía un mecanismo para la fijación de salarios mínimos que implicaba el concurso de la central sindical más representativa de trabajadores, los empleadores y el gobierno con la asesoría técnica de una institución denominada Consejo Nacional de Economía.
Este órgano tripartito se reunía a comienzos de cada año, estudiaba variables económicas e inflacionarias y hacía las recomendaciones pertinentes al Ejecutivo Nacional, que al final se encargaba de hacer la fijación respectiva del salario mínimo.
Desde el año 2002 la fijación de salarios ha quedado de manera unilateral en la presidencia de la república. En la actual ley del trabajo se alude a la institución del “diálogo social amplio” como mecanismo de concertación de políticas laborales, pero observamos el casi inexistente diálogo entre los actores en materia de política salarial.
En síntesis, el Gobierno Nacional debe combatir y resolver el problema inflacionario antes que acudir a decretar aumentos de salarios que serán pulverizados por la inflación a los pocos días, generando no solo insatisfacción en los trabajadores sino conflictos sociales y políticos de difícil solución.
El problema es realmente serio y todos debemos aportar a la solución: que el gobierno se deje ayudar y que quienes se le oponen aporten realmente soluciones antes que el cálculo político.
La razón es simple, al igual que en el país, en una entidad de trabajo convergen múltiples ideas e intereses, pero todas deben girar en función del bienestar colectivo.
César Barreto Salazar
cesarluisbarreto@gmail.com
