La Fiscalía de Venezuela ordenó congelar cuentas bancarias y prohibir enajenar bienes de los venezolanos involucrados en los llamados «papeles de Panamá» y evalúa pedir órdenes de prisión, anunció este lunes su titular, Luisa Ortega Díaz, reseña la agencia Efe.
«No puede decir nombres (de los investigados) para no alertarlos», pero la Fiscalía General «ya ha adoptado medidas como la congelación de cuentas y prohibir gravar bienes, y la viabilidad incluso de órdenes de captura contra quienes aparecen señalados», declaró la fiscal general en una entrevista con el canal privado Globovisión.
Ortega Díaz detalló que designó dos fiscales expertos en legitimación de capitales y otros dos en delitos de corrupción para escudriñar la información publicada en medios de comunicación de varios países tras ser analizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés).
Entre los implicados venezolanos, la fiscal solamente aludió al general venezolano retirado Víctor Cruz Weffer, acusado de enriquecimiento ilícito con fondos destinados a la construcción de viviendas populares y otras obras sociales durante la gestión del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).
Chávez nombró al inicio de su gestión al jefe de la Comandancia del Ejército, general Cruz Weffer, encargado del llamado «Plan Bolívar 2000», instancia estatal que manejó un presupuesto equivalente a unos 114 millones de dólares.
La Fiscalía comenzó a investigarlo en 2002 debido a denuncias de presunta corrupción surgidas desde la oficina estatal de recaudación de impuestos, la Contraloría y reportajes de medios nacionales.
Cruz Weffer fue imputado por la Fiscalía el 18 de abril de 2007, pero Ortega Díaz recordó hoy que fue absuelto por un tribunal de primera instancia y después por la Corte de Apelaciones, tras lo cual el Supremo de Justicia atendió un recurso de amparo suyo y ordenó en 2013 que todo el juicio respectivo fuera revisado.
«Estamos esperando desde 2013 por la decisión (definitiva) del Tribunal Supremo de Justicia», remarcó la fiscal general.
La unicameral Asamblea Nacional (AN, Parlamento) anunció el 4 de abril pasado que también investigaría a los venezolanos que aparecen en los «papeles de Panamá», también supuestamente vinculados al chavismo, según indicó ese día el diputado opositor Ismael García.
«Venezuela tiene 241.000 menciones en la masiva filtración de Panamá Papers», que implican a varias personas cercanas al Gobierno de Nicolás Maduro y al de su antecesor, Hugo Chávez, aseguró García.
El diputado Julio Montoya, también de la alianza opositora que controla la AN, dijo a su vez que le «llama mucho la atención» que en el caso venezolano «quienes aparecen señalados no pueden justificar la cantidad de dólares que tienen».
«Es obvio que lavaron dinero a través de una red internacional», subrayó Montoya, aunque admitió que en el caso de Venezuela la investigación de la ICJI «no es mucho lo que aporta de los casos vinculados a la gestión de Gobierno», y que probablemente otras investigaciones opositoras sobre caso similares sean «mucho más extensas y precisas».
El escándalo conocido como papeles de Panamá abarca más de 11,5 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales en paraísos fiscales, y afecta a más de 140 políticos y altos funcionarios de todo el planeta, entre ellos varios jefes o ex jefes de Estado, o a sus familiares.
