La Unión Europea (UE) pidió este martes que las medidas de Estado de excepción y emergencia económica puestas en marcha por el Gobierno de Venezuela respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales.
“Estamos muy preocupados por lo que está sucediendo” en Venezuela, indicó en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea Catherine Ray, portavoz de la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, reseñó la agencia de noticias EFE.
Ray indicó que las medidas de emergencia anunciadas por Venezuela “tienen que respetar completamente los principales derechos humanos y libertades fundamentales”.
“Es una obligación bajo la ley internacional”, apostilló.
Sobre “el deterioro del entorno de seguridad y la situación económica en Venezuela”, la portavoz indicó que “es un asunto que preocupa a la UE”.
“La UE sigue urgiendo a todos los actores políticos a superar las tensiones políticas en aumento con vistas a lograr una solución productiva en beneficio del pueblo de Venezuela”, apuntó.
Según Ray, “seguimos dispuestos a apoyar los esfuerzos nacionales por hacer frente a la muy difícil situación económica y de seguridad, y para impulsar el diálogo, si así lo solicitan las autoridades de Venezuela”.
El Gobierno de Venezuela oficializó el lunes la declaración del “Estado de Excepción y Emergencia Económica” durante 60 días en todo el territorio, una norma con la que el presidente de ese país, Nicolás Maduro, pretende hacer frente a supuestas amenazas a su Administración.
Esta norma da atribuciones “extraordinarias” a las autoridades para garantizar “incluso mediante la intervención de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los órganos de seguridad ciudadana, con la participación de los Comité Locales de Abastecimiento y Distribución, la correcta distribución” de productos de primera necesidad.
El decreto se apoya, entre otros aspectos, en la “consideración” de que el Parlamento, de mayoría opositora, supuestamente pretende “el desconocimiento de todos los Poderes Públicos” y promociona “la interrupción del periodo presidencial establecido en la Constitución por cualquier mecanismo a su alcance fuera del orden constitucional”.
Deberá ser sometido a continuación a la consideración del Parlamento para su aprobación, y remitido al tribunal Supremo de Justicia para que le dé su visto bueno.
EFE
