El llamado presidencial no debió tener esa integración tan cargada y proclive a los intereses del Ejecutivo Nacional
El Presidente de la República designó hace poco una Comisión por la Verdad, la Justicia y Reparación de las Víctimas, que va a estar presidida por el Vicepresidente Ejecutivo, e integrada entre otros, por la Fiscal General, el Defensor de Pueblo, los ciudadanos José Vicente Rangel, el abogado Hermann Escarrá, cuatro representantes del sector oficialista y cuatro del sector de oposición, a escoger por el mismo.
Partamos de los principios de la legitimidad, imparcialidad y “auctoritas” que ha debido presidir la composición de ese órgano colegiado. En efecto, lo que debe distinguir con toda objetividad un equipo de trabajo, cuya misión es revisar los sucesos de violencia del 14 de abril y de otros hechos alteradores de la paz ciudadana, con la finalidad de emitir recomendaciones, es la de componerse por personas expertas en las áreas constitucional y penal. Del mismo modo contar con un cuerpo de asesores de alta competencia en esas materias, quienes aportarán su conocimiento en una misión tan delicada y difícil sobre un asunto con muchas aristas.
En lo particular pensamos que ahí han debido estar representados la Academia, las universidades y ciudadanos de prestigio, reconocidos por la colectividad. Así la Comisión hubiera gozado de la fuerza de la “auctoritas”, cualidad consistente en ser guía por su propia composición ética, moral y profesional, lo que trasciende lo nominal de un título o profesión.
¿Es el Vicepresidente imparcial en ese terreno? ¿Lo es la Fiscal General, cuya actividad esencial es imputar delitos a los enjuiciados? ¿Puede ser el Defensor del Pueblo conspicuo dirigente partidista, público y notorio? ¿Puede ser imparcial José Vicente Rangel? ¿El Vicepresidente, símbolo institucional del Ejecutivo, convertido en juzgador, irradia independencia, imparcialidad? Se añadiría a su vez, cuatro representantes del sector oficial partidista…
Como se observa de este cuadro dibujado, consideramos que la Comisión no debió tener esa integración tan cargada y proclive a los intereses del Ejecutivo Nacional. También fueron descartados la Iglesia y las ONG, conocedoras permanentes de la violencia e inseguridad. Ha habido, si se quiere, un adelantamiento de los resultados, con el notorio desequilibrio explicado, lo cual contamina un juicio independiente, objetivo e imparcial.
Baltazar Gutiérrez
