El presidente mexicano Enrique Peña Nieto habla ante el 8vo Foro Nacional de Seguridad y Justicia en la Ciudad de México, el martes 7 de junio de 2016. Ese mismo día, el organismo activista Open Society Justice Initiative dio a conocer sus denuncias.
AP / REBECCA BLACKWELL
El informe publicado por Open Society Justice Initiative, con sede en Nueva York, es un extenso análisis de actos contra seres humanos, lo que es definido como asesinato, tortura y desapariciones
El gobierno mexicano ha cometido crímenes contra la humanidad en su guerra contra los cárteles del narcotráfico, dijeron el martes grupos defensores de los derechos humanos, que exhortaron al gobierno a que actúe al respecto.
El informe publicado por Open Society Justice Initiative, con sede en Nueva York, es un extenso análisis de actos contra la humanidad, lo que es definido como asesinato, tortura y desapariciones. Algunas organizaciones mexicanas asociadas ya se habían puesto en contacto con la Corte Penal Internacional en La Haya, Holanda, para instarla a que procese los casos, agrega.
En el informe se señala de manera particular al cártel de los Zetas, una de las organizaciones delictivas más violentas, por la gravedad de sus crímenes.
El grupo hizo un llamado a las autoridades mexicanas para que den mayor seguimiento a casos en que personal judicial y militar ha cometido atrocidades graves, los cuales no han sido investigados cabalmente.
La organización Justice Initiative trabajó con cinco grupos mexicanos defensores de los derechos humanos en una investigación de tres años y encontró que desde diciembre de 2006, cuando el gobierno declaró la guerra a los cárteles, al final de 2015, han sido asesinadas 150.000 personas en México y miles más han desaparecido.
El caso más reciente que atrajo atención internacional fue la desaparición de 43 estudiantes en el estado sureño de Guerrero en septiembre de 2014.
Los investigadores encontraron además que nueve años después de que el gobierno mexicano desplegara soldados armados para combatir a las bandas de narcotráfico, los civiles siguen siendo quienes más sufren. Estos crímenes son cometidos no sólo por cárteles, sino también por fuerzas federales y estatales de seguridad que se supone deben proteger a los civiles.
«Los Zetas han llevado a cabo una política de control de territorio a través de la violencia, con el fin de extorsionar las ganancias de otros actores criminales», dijo en una conferencia de prensa James Goldston, director ejecutivo de Open Society Justice Initiative. «Se dirigieron a cualquier persona en el territorio controlado o tratado de controlar, incluidos migrantes que no tienen nada que ver con el cártel».
«El cártel de los Zetas califica como organización para los delitos de lesa humanidad, porque tienen una estructura jerárquica, tiene control sobre territorio, tiene capacidad para llevar a cabo un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, y ha expresado su intención de lanzar este tipo de ataque y lo ha hecho», agregó.
En caso de que hubiera alguna duda respecto al poder o brutalidad de los Zetas, fiscales del estado de Coahuila, en el norte de México, dijeron el martes en un comunicado que tenían orden de arresto contra cinco individuos por la desaparición de siete personas entre diciembre de 2009 y enero de 2012 en la ciudad de Piedras Negras.
En este caso surrealista, miembros de los Zetas que están en prisión presuntamente hicieron que les llevaran personas desde el exterior, las mataron dentro de la misma y luego arrojaron sus restos o cenizas en un río cercano. Se cree además que podría haber más sospechosos relacionados a este caso que pudieran haber escapado de la penitenciaría en 2012.
Los autores del informe dijeron que quieren que tales crímenes se procesen con todo el peso de la ley en México, sin importar los perpetradores.
«Nadie puede negar que en México se cometen atrocidades», dijo José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, uno de los grupos que apoyó en la investigación.
La respuesta del Gobierno
El gobierno respondió al informe el martes por la noche con un comunicado conjunto del Ejército, la Armada y la Procuraduría General de la República.
En el texto se esbozaban los esfuerzos del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para implementar un nuevo sistema de justicia a partir del 18 de junio, así como iniciativas legislativas contra la tortura y las desapariciones.
«Es importante destacar que en México la inmensa mayoría de los crímenes violentos han sido cometidos por organizaciones criminales. La misión protectora de las fuerzas armadas ha sido reconocida continuamente por la población», se afirma en el comunicado.
AP
