Esta semana que acaba de concluir cerró con 170 presos en Tucupita, 27 en Aroa, 50 en Araya, 5 en Santa Bárbara de Barinas y con toda una comunidad agredida con perdigones y asfixiada por gases lacrimógenos en San Rafael de Ejido
Tucupita, Aroa, Araya, San Rafael de Ejido, Santa Bárbara de Barinas… Nombres de Venezuela. Nombres que designan ciudades que siempre se habían caracterizado por la bucólica quietud de sus parajes, por el talante pacífico de sus habitantes y por la natural cordialidad con que solían recibir las novedades.
Revoquemos el hambre
De acabar con todo eso se encargó Maduro. Maduro, y todo lo que el representa: la corrupción, la ineficiencia, la grosera pretensión de querer dominar a todo un pueblo por hambre y por miedo. ¿Resultado? Esta semana que acaba de concluir cerró con 170 presos en Tucupita, 27 en Aroa, 50 en Araya, 5 en Santa Bárbara de Barinas y con toda una comunidad agredida con perdigones y asfixiada por gases lacrimógenos en San Rafael de Ejido.
Son las consecuencias de los disturbios del hambre, de la acción valiente e indignada de un pueblo que rechaza ser rehén de unos activistas políticos gobierneros que quieren comprar ya no el apoyo sino apenas la resignación del pueblo, por el módico precio de una bolsita de comida que, además, no alcanza para nada.
La protesta que ocurrió en estas poblaciones (estamos hablando solo de los últimos seis días) está extendida por todo el país, de norte a sur y de este a oeste.
Grandes ciudades y pueblos pequeños, urbanizaciones y barrios, sectores en los que siempre fue mayoría la oposición y lugares que durante mucho tiempo fueron bastiones del oficialismo, hoy reaccionan frente a la violencia de los “Clap” con un mismo grito repetido por millones de gargantas: ¡revoquemos el hambre!
Revoquemos al hampa
“Johán Pérez (32), delegado sindical de la Unión Bolivariana de Trabajadores y contratista de obra, figura entre los seis hombres muertos durante el operativo OLP realizado la mañana del jueves 30 de junio en el complejo urbanístico Ciudad Caribia, de la autopista Caracas-La Guaira. Su padre, José Pérez, es presidente del sindicato de trabajadores de la Corporación de Servicios Municipales de la Alcaldía de Libertador, y aseguró que su hijo Johán no era delincuente y que no se enfrentó con las autoridades.
Vivía con su madrina en el apartamento 1, piso 1 de la Terraza C, estaba durmiendo a las 7:00 de la mañana cuando los policías derribaron la puerta y entraron. Sacaron a la madrina, al nieto de esta, de 17 años y al yerno de Johán, para quedarse con el sindicalista.
Johan Pérez habría pedido que no lo mataran, que hablaran primero, pero los policías le dijeron que tenían su fotografía y le dispararon. Sus familiares le observaron un tiro en la parte posterior de la cabeza y dos a la altura de los hombros.
Hace aproximadamente 15 días, Johán Pérez asistió a una concentración política relacionada con viviendas, donde estuvo el Presidente de la República y el sindicalista apareció en las fotografías. Aseguran que Johán no tenía registros policiales y no entienden por qué le quitaron la vida. Dejó dos hijos, de 11 y 8 años”.
Así reseñó el Diario La Voz en su edición de ayer sábado 2 de julio de 2016 lo que presenta todos los indicios de ser una ejecución extrajudicial (es decir, un asesinato a sangre fría perpetrado por fuerzas de seguridad del Estado) en el contexto de una operativo de la llamada “Operación de Liberación del Pueblo” en el urbanismo Ciudad Caribia.
Ese mismo día, en ese mismo lugar y en el marco del mismo operativo se produjeron otras cinco muertes violentas. En este mes de julio que recién se inicia la llamada OLP cumple un año. A lo largo del segundo semestre del 2015 los operativos de la OLP le costaron la vida a 245 venezolanos.
Durante el primer semestre de 2016 se cuentan por centenares las denuncias presentadas ante la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional por asesinatos, robos, desalojos ilegales y demolición de viviendas perpetrados en el marco de la llamada Operación de Liberación del Pueblo.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció que de 14 mil personas detenidas en operativos de la OLP durante los primeros seis meses de esa “política” oficial, menos de un centenar fueron finalmente acusados ante los tribunales de algún delito, lo que revela el carácter masivo, indiscriminado y poco profesional de las detenciones realizadas en los sectores populares por la mal llamada “OLP”.
En resumen, el mismo gobierno que permitió que las bandas de delincuentes se apoderaran primero de las cárceles y luego de todo el país, ahora simula combatir esas bandas desarrollando una feroz represión contra los habitantes de los sectores populares, represión que enmarca, disfraza y brinda impunidad a una gran cantidad de asesinatos, robos y otros atropellos. Sin con ello callar, atemorizar y desmovilizar al pueblo. Se equivocaron. Desde millones de ranchos se levanta un mismo grito: “¡Revoquemos el hampa, con chapa y sin ella!”
Revoquemos el miedo
En Maracaibo, más de mil muchachos pobres con excelente rendimiento académico (que por esas razones recibían una beca para cursar educación superior en las mejores universidades privadas de esa entidad, en el marco de un programa de becas creado por la Gobernación del Zulia cuando esta era ejercida por Manuel Rosales) hoy se enfrentan a la posibilidad de no poder seguir estudiando.
El gobierno de Arias Cárdenas dio la orden de quitar la beca a todo joven que hubiera firmado exigiendo la convocatoria del Referendo Revocatorio. En la otra punta del país, en Guayana, decenas de trabajadores de Corpoelec recibieron una carta de despido, por mismo supuesto “delito”: haber firmado para ejercer un derecho constitucional.
En la Asamblea Nacional, representantes de 200 trabajadores del Seniat de todo el país hicieron idéntica denuncia, y se cuentan por decenas los funcionarios policiales, militares, administrativos, docentes, asistenciales, entre muchos otros, hoy amenazados de perder su trabajo, sus carreras y el sustento de sus familias por la vengativa, ilegal y cobarde represalia de un gobierno chantajista.
Consultados muchos de ellos sobre si esta represalia los ha llevado al arrepentimiento, nos han contestado como lo hicieron las estudiantes zulianas Angélica Pérez y Lilibeth Giménez, o como lo hizo la funcionaria de Corpoelex Melissa Antúnez: “La única manera de recuperar nuestros empleos y nuestros derechos es justamente revocando a este gobierno.
Este gesto ruin del Ejecutivo lo que hace es ratificar que teníamos toda la razón del mundo al firmar por el Revocatorio, y lo haríamos de nuevo mil veces, porque solo revocando a este Presidente, los venezolanos nos quitaremos de encima a un gobierno que en vez de servir al pueblo lo amenaza”. Esta es la razón por la que en todos los ministerios, gobernaciones, alcaldías y demás despachos públicos hoy retumba un mismo clamor: “¡revoquemos el miedo!”
Estas son solo algunas de los muy poderosos motivos que tenemos los pobres para revocar a Maduro. ¡Pa’lante!
“Grandes ciudades y pueblos pequeños, urbanizaciones y barrios, hoy reaccionan frente a la violencia de los ‘Clap’ con un mismo grito repetido por millones de gargantas: ¡revoquemos el hambre!”
