Continuando con el orden del día de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN), fue aprobado un acuerdo de rechazo a las acciones de violación de Derechos Humanos y abuso de poder contra la juventud venezolana
En la primera instancia de esta discusión tomó el derecho de palabra la diputada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Nora Bracho, quien denunció que estudiantes universitarios del estado Zulia fueron castigados por firmar para activar el Referendo Revocatorio en contra del presidente de la República, Nicolás Maduro; la evidencia más contundente es la suspensión de las becas académicas que les otorgó la gobernación zuliana.
“Esas becas no tenían ningún tinte político y están arrebatándoles la esperanza a los jóvenes de tener un futuro mejor”, aseveró la parlamentaria.
Por eso, exhortó al Gobernador de la entidad, Francisco Arias Cárdenas, a restituir las ayudas económicas a los universitarios para que puedan continuar sus estudios.
Acto seguido, una representación de los jóvenes que fueron excluidos del programa de becas Fundalossada (creado por el exgobernador Manuel Rosales, considerado preso político), tuvieron un derecho de palabra para condenar el truncamiento de sus estudios por razones políticas.
Angélica Pérez, alumna de la Universidad Rafael Urdaneta (URU) y una de las víctimas de este hecho, confirmó que la expulsaron del programa por haber firmado a favor de la activación del Referendo Revocatorio presidencial, durante la primera fase de recolección del 1% Registro Electoral.
Indicó que más de mil estudiantes fueron sacados del programa por la misma razón. Se conoció que un trimestre tiene un costo de entre 70 y 100 mil bolívares, “somos personas humildes que no tenemos recursos para pagar la universidad”, expresó Pérez, quien también defendió el derecho de los estudiantes a firmar para solicitar la activación del Revocatorio, porque “firmar en el revocatorio es tan legítimo como votar”.
Indicó que quitarles el beneficio a los jóvenes es “una injusticia que viola el derecho a la pluralidad y a la democracia que trunca nuestros futuros y nos impide ser profesionales».
Las acusaciones de estos jóvenes universitarios fueron respondidas de inmediato por la diputada Nosliw Rodríguez, quien recordó y alabó el progreso que para la juventud venezolana ha representado el gobierno revolucionario. Aseguró que en este no se torturan a los estudiantes como lo hacían gobiernos anteriores, ni se meten “tanquetas” a las universidades como si lo hicieron los gobiernos de la cuarta República. Al contrario, aseguró que gracias a la revolución se ha garantizado el derecho a la educación, muestra de ello la creación de 33 universidades.
También destacó Rodríguez que es tal la participación de la juventud dentro del movimiento chavista que se puede evidenciar que mientras en la bancada de la oposición no hay ningún orador joven, la del Bloque la Patria está llena de juventud. “Es la Revolución la que le dio protagonismo y participación a la juventud. Ustedes no”, le dijo a los parlamentarios del ala opuesta.
En igual sintonía se pronunció rato después su colega de bancada, la diputada Gabriela Simoza, al resaltar que “gracias a la revolución bolivariana es que los diputados jóvenes estamos aquí”.
Otros casos que se denunciaron en la sesión parlamentaria del día fueron la privación de libertad de cinco jóvenes miembros de Voluntad Popular en el estado Bolívar por desplegar pancartas a favor de Leopoldo López.
En ese sentido, el legislador por esa entidad, Francisco Sucre, rechazó los hechos, aseguró que a los jóvenes se les siembran pruebas para inculparlos de delitos que no han cometido y exigió que estas injusticias no se sigan cometiendo en Venezuela. “Los jóvenes venezolanos tienen derecho a que su trabajo les garantice una vida digna y con calidad”, dijo.
Por otro lado, el diputado opositor y representante del estado Mérida, Williams Dávila, trajo a colación la reciente violencia a la que fueron sometidos un grupo de seminaristas en la capital de ese territorio andino; tras repudiarlo, aseguró que en Venezuela se está violando el Pacto de derechos civiles y políticos.
Finalmente solicitó a la AN que intervenga y abra una investigación. EU
YM