La Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró el miércoles inconstitucional la ley de amnistía general para la consolidación de la paz de 1993, aprobada luego de la firma de los Acuerdos de Paz, que impidió que se investigaran y juzgaran a los culpables de los crímenes cometidos durante los 12 años de guerra civil.
La Ley de Amnistía General fue impulsada por el entonces presidente del país, Alfredo Cristiani (1989-1994), horas antes de la publicación de un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas que responsabilizó a los altos mandos militares de crímenes de guerra, entre ellos el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en noviembre de 1989.
La amnistía favoreció a los responsables asesinatos, masacres y desaparición de miles de personas en ese periodo.