Expertos en temas tan amplios aunque relacionados como la preservación ambiental, la protección de los derechos humanos y la observancia de la Constitución y las leyes, advirtieron que el Plan de Desarrollo de Inversiones del Arco Minero, presentado este viernes con la suscripción de convenios de carácter nacional e internacional, incurre en perjuicios contra el ecosistema, los recursos del país y los pueblos indígenas, además de representar un acto contra la Carta Magna.
“Lo que se está haciendo es una vulgar entrega del país en este acto nulo e írrito pues se trata de una negociación que no cuenta con la aprobación constitucional, que no ha sido legitimada por la Asamblea Nacional. Se legalizan el crimen ecológico, el etnocidio y el genocidio que henos venido denunciando”, manifestó el diputado Américo De Grazia, de la bancada mayoritaria de la Unidad Democrática, al referirse a la ceremonia que se realizó durante la fecha en la sede del Banco Central de Venezuela (BCV).
El parlamentario opositor anunció que la medida será objeto de tratamiento por parte de la comisión tripartita -Energía y Petróleo; Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y Pueblos Indígenas-, que preside. “Seguiremos explorando la forma jurídica y legal de frenar todo ese aventurerismo mercantilista y mercenario que hoy pretende entregar nuestra soberanía y patrimonio a empresas trasnacionales, sin cumplir con la normativa constitucional”, dijo.
Alexánder Luzardo, quien fuera senador del extinto Congreso y redactor de las normas ambientales del vigente texto constitucional, afirmó que el Arco Minero “perjudica, asimismo, la mayor inversión que el país ha hecho en energía hidroeléctrica -la cuenta estratégica del Caroni-, de la cual depende todo el complejo de represas (Guri, Macagua I, II y III, Caruachi), que surten más del 65 % de electricidad al país”.
