Es preferible un criminal en la calle, que condenar a un inocente
Cesáreo José Espinal Vásquez
cjev@cantv.net
Después de más de medio siglo de vivir y convivir en estrados judiciales bajo mi lema: “solo defiendo la recta aplicación de la ley y no el presunto delito cometido”, debo expresar por imperiosa humanidad al analizar juicios, que me ha abrumado la tristeza al conocer sentencias y privaciones de libertad violando “el derecho justo”. Si bien el mundo de la justicia está llena de injusticias, no es menos cierto, que no son todos los que están, porque existen y han existido en todos los países jueces que merecen el respeto, más no el elogio, porque la justicia no es para felicitar al juez, ni darle las gracias, sino el deber de continuar el camino recto en probidad. He sostenido que es preferible un “juez bruto” que un “juez corrupto”. Corrupción por causas personales, ambiciones oscuras, intereses con bufetes, con empresas y por causas políticas partidistas, han existido y existirán, pero no es para ponernos a llorar. La sociedad justa aspira transitar en rectitud para que más temprano que tarde impere la recta aplicación de la ley para beneficio exclusivo de la justicia. Privar de libertad por meras presunciones, indicios o sospechas y después de años encarcelado, sentenciar su plena y total inocencia, es lo injusto de la administración de justicia. La ley es la razón pública y el derecho justo es la conciencia que juzga nuestras conductas. En un régimen político marxista no existe la democracia, por más que se le disfrace. No puede haber democracia cuando se persigue a la oposición como enemigos que se deben pulverizar en hornos nazis y se apliquen los postulados del comunismo distorsionando a la justicia, porque la ley es la revolución. Los casos de Leopoldo López, Antonio Ledezma y de otros presos pasarán a la historia de las injusticias por el solo hecho de haber manifestado contra las políticas sociales y económicas del gobierno. Son íconos del abuso del poder. Es obvio que ellos no fundaron sus respectivos partidos para cometer delitos, sino para la consecución por vía democrática, constitucional y legal acceder al ejercicio del poder. Alertar al pueblo mediante protestas o suscribir manifiestos, es “iter criminis”, pero en un gobierno marxista, donde impera la doctrina única, es criminal y sus líderes deben estar presos. Quién puede decir lo contrario, que esos ciudadanos no son presos políticos. En las imputaciones que se le han hecho llevan el ribete de la corrupción de los jueces y fiscales del Ministerio Público que han actuado en sus respectivas causas. No pueden ser indultados porque no es materia de la naturaleza y acción marxista-comunista, ni ser objeto de amnistía, sino ser encadenados en su conciencia por disentir de un régimen que dice ser democrático, participativo, protagónico y bolivariano, cuando la realidad verdadera, notoria, pública y comunicacional es que es un régimen sometido al manifiesto comunista, aun cuando en estos presos políticos no exista ni podrá existir comprobación plena de su responsabilidad penal.