Que a Venezuela le corresponde la presidencia del Mercosur es un asunto indiscutible, porque se trata simplemente de un acto administrativo pautado explícitamente en la reglamentación, que establece la rotación semestral por orden alfabético
La situación planteada por la actitud de los gobiernos de Brasil, Paraguay y Argentina de negarse a aceptar que Venezuela ejerza la presidencia del Mercosur es reveladora de la confluencia en la lucha por el poder que se libra en Venezuela de diferentes variables, tanto geopolíticas como ideológicas que dificultan una evolución positiva al interior del país de los acontecimientos. Además de los problemas internos, la presión exterior es muy fuerte y en lugar de apuntalar la búsqueda de acuerdos más bien propician una ruptura violenta.
Que a Venezuela le corresponde la presidencia del Mercosur es un asunto indiscutible, porque se trata simplemente de un acto administrativo pautado explícitamente en la reglamentación, que establece la rotación semestral por orden alfabético. Que el gobierno correspondiente sea de derecha o izquierda, malo o bueno, la rotación se realiza de manera automática, a menos que un determinado país haya sido previamente excluido por consenso, puesto que al no ser miembro no puede detentar funciones en la organización. Ese no es el caso de Venezuela.
Esto lo saben bien los gobernates de esos países y también cualquier principante en estudios de derecho. No actúan por razones jurídicas sino por conveniencias políticas. En este marco, deben llamar la atención las declaraciones de la canciller argentina Susana Malcorra, que aún en conocimiento del ordenamiento normativo del Mercosur no vacila en asumir una posición favorable a la violación de los derechos de Venezuela, simplemente por los compromisos que tiene con determinados factores ideolólgicos y corporativos. Esta forma de actuar la inhabilita, obviamente, para ejercer de manera íntegra la función a la que aspira de Secretaria General de la ONU.
Ahora bien, lo más delicado del asunto es que la actitud asumida frente a Venezuela representa, objetivamente, un acoso contra el país y no solo contra el Gobierno. Ninguna nación, al margen del tipo de gobierno que tenga, acepta el trato despreciativo que se le quiere dar a Venezuela. Y lo más grave es que, en la medida en que algunos factores internos convalidan esa hostilidad contra Venezuela, se complica más el panorama nacional, puesto que no es sencillo que se pueda acceder al poder con esa conducta y mentalidad.
Por esta razón hubiera sido muy conveniente que los factores de la MUD que son partidarios de la presencia de Venezuela en el Mercosur y del respeto de los derechos de la nación hubieran dado a conocer su opinión públicamente. Al no hacerlo se impone ante la opinión pública el criterio de quienes al interior de esa alianza consideran que solo si los factores de oposición están al frente del gobierno venezolano vale la pena defender al país y su bandera, y que de lo contrario es válida cualquier ofensa o vejamen.
Leopoldo Puchi