«Estamos en las carreteras, estas medidas son a nivel nacional y pedimos que el gobierno nos escuche, esta es una medida indefinida», corroboró de su lado el dirigente Freddy López, a radio Minera, citado por el portal de La Razón
LA PAZ. Un poderoso gremio de mineros agrupados en cooperativas volvió a cortar este martes una ruta troncal del altiplano boliviano después de un receso de once días en sus protestas, al naufragar una negociación con el gobierno, informaron fuentes vinculadas al conflicto.
«Hoy día, más o menos unas 2.500 personas (…) han ocupado un tramo de la carretera La Paz-Oruro», confirmó el ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero, que ordenó el despliegue de efectivos policiales para despejar la ruta, e «intentar persuadirles de que no perjudiquen el tráfico». Otro piquete de bloqueo se instaló en Potosí (sur del país).
«Estamos en las carreteras, estas medidas son a nivel nacional y pedimos que el gobierno nos escuche, esta es una medida indefinida», corroboró de su lado el dirigente Freddy López, a radio Minera, citado por el portal de La Razón.
Los mineros cooperativizados, aliados políticos del presidente Evo Morales y que ocupan importantes carteras en el Ejecutivo y el Congreso, exigen la anulación de una ley minera que, según ellos, va contra sus intereses.
Luego de tres jornadas de violencia y de ocupación de rutas en seis de los nueve departamentos de Bolivia, los mineros levantaron las medidas para dialogar con el gobierno, pero la detención de 10 de ellos, acusados de «portación ilícita de armas, atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado, lesiones graves y leves, y atentados contra la seguridad de los servicios públicos», trabó las negociaciones.
Alrededor de 100 policías fueron heridos entonces por mineros que hostigaron a las fuerzas de seguridad desde las serranías con dinamita, piedras y presuntamente armas de fuego, según Romero.
Un pliego inicial de diez puntos -que se oponía a la sindicalización en las cooperativas de servicio- fue ampliado ahora a 24 acápites que incluyejn el pedido de una subvención al consumo de energía eléctrica y suprimir el control ambiental en sus operaciones.
Según Romero, «con estas actitudes violentas pretenden chantajear al gobierno para exigirle que se modifique la ley de minería y se les permita celebrar contratos de asociación con empresas privadas» extranjeras, lo que está prohibido por la Constitución.
AFP