Era previsible que un elevado número de funcionarios públicos firmara para solicitar una salida constitucional, pacífica, democrática y electoral
El acoso y la reiteración de las amenazas a empleados públicos que firmaron en la primera etapa de la solicitud de referendo revocatorio presidencial, nos remite a la lamentable conclusión de que la persecución a quienes osen pensar distinto al poder, es práctica habitual en la Venezuela de estos días.
Teniendo como marco el creciente deterioro de la calidad de vida de los venezolanos, era previsible que un elevado número de funcionarios públicos firmara para solicitar una salida constitucional, pacífica, democrática y electoral a una crisis que podría ser solucionada fácilmente por quienes hoy administran el país; pero se niegan a ello por permanecer atados a un modelo político y económico que ha fracasado reiteradamente por todo el mundo y que de hecho ya no es tomado en serio por ninguna nación que le apueste al progreso y al bienestar de sus ciudadanos.
Ante la falta de rectificación y el acelerado empeoramiento de nuestro entorno, los venezolanos tenemos un derecho, consagrado en la Constitución de 1999, la misma que promovió con tanto entusiasmo el fallecido expresidente Hugo Chávez. Y esa salida es el Referendo Revocatorio, al cual puede ser sometido el primer mandatario nacional al arribar a la mitad de su período.
Que quede claro entonces: los despedidos, los amenazados, los invitados a renunciar, estaban ejerciendo un derecho constitucional. Y un derecho que el líder de la autodenominada revolución tomó como bandera en su primera campaña electoral.
Una consulta a la cual él mismo se sometió en 2004, y que debería servir como ejemplo a quienes se dicen preservadores de su legado. Existe, como dicen los abogados, una jurisprudencia. Ya se celebró un Referendo Revocatorio presidencial y está consagrado no solamente n la letra sino en los hechos.
Es extremadamente lamentable que, por un legítimo derecho humano, como lo es el de disentir, se ponga en juego el sustento de familias enteras en momentos en los cuales tenemos la inflación más alta del mundo y en los cuales el ingreso de por sí no alcanza para mantener un hogar.
Quienes idearon y aprobaron estas retaliaciones contra trabajadores venezolanos demuestran tener bien poca coherencia con los principios que dicen defender, ya que esto contradice, entre otras cosas, a la presunta inamovilidad laboral que se ha prolongado reiteradamente y por encima de la cual no deberían pasar sus propios propulsores.
El gobierno ha perdido sin duda una oportunidad enorme de demostrar al mundo que sí tiene vocación democrática, que sí puede haber diálogo y convivencia en el país, desde el mismo momento en el cual se respeta que quienes trabajan en instituciones del Estado disientan por los canales democráticos, pacíficos, legítimos y constitucionales que los están haciendo.
Se prometió que no se volvería a repetir la tristemente célebre Lista Tascón, la cual recogió la data de los solicitantes del revocatorio presidencial de hace más de una década. Pero ante la reiterada afirmación de altos cargos gubernamentales de tener los nombres y apellidos de quienes son señalados poco menos que como delincuentes, vemos que esta promesa cayó en un lamentable saco roto.
Y se va más allá: se les acusa de saboteo interno, de incumplimiento de sus funciones, de mala atención a la ciudadanía, de una colección de faltas que puedan hacer parecer un poco menos miserable el desquiciado señalamiento que parte solamente del hecho de disentir y de manifestarlo con una firma.
Eso de que todos somos necesarios no es simplemente una frase bonita. No. El gobierno está a punto de cometer una vez más el error que costó a Petróleos de Venezuela más de veinte mil de sus trabajadores más especializados, precipitando su caída de uno de los sitiales de honor en el mercado petrolero internacional, a unos parámetros bastante más bajos, que hacen que el desplome de los precios petroleros se sienta con más fuerza, ante la coincidente baja de la productividad.
Se pretende prescindir pues, de gente buena, trabajadora, preparada, con carrera en sus posiciones, que no podrá ser tan fácilmente sustituida, como lo demuestra el mismo caso Pdvsa. Y los despedidos pasarán junto con sus familias momentos adversos, hasta que alguna forma de salir adelante consigan. Pero el Estado venezolano habrá prescindido de capital humano valioso que no se volverá a recuperar. En otras palabras, esta locura no le conviene absolutamente a nadie, ni siquiera al mismo gobierno.
Ojalá se cayera, por milagro, en la reflexión. Ojalá se echara para atrás todo este despropósito, en el entendido de que todos los venezolanos somos necesarios y de que alguien, en algún momento, tiene que dar el primer paso para detener esta criminalización del pensamiento independiente.
“Ante la falta de rectificación y el acelerado empeoramiento de nuestro entorno, los venezolanos tenemos un derecho, consagrado en la Constitución de 1999…”
David Uzcátegui
