Dirigentes opositores venezolanos pidieron este lunes en Naciones Unidas la observación internacional de una manifestación el jueves contra el presidente Nicolás Maduro, así como una comisión para evaluar los derechos humanos en el país suramericano.
El diputado Luis Florido, presidente de la comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (controlada por la oposición), se reunió en la sede de la ONU en Nueva York con el guatemalteco Edmond Mulet, jefe de gabinete del secretario general, Ban Ki-moon.
«Pedimos observación internacional de la marcha para el 1 de septiembre», dijo Florido a periodistas tras la reunión.
El legislador dijo que sin importar si los representantes de la ONU logran entrar al país, «los ojos del mundo van a estar puestos sobre Venezuela» el día de la manifestación.
La oposición convocó a sus seguidores a una simbólica «Toma de Caracas» para exigir al poder electoral, al que acusa de favorecer al gobierno, la fecha de recolección de los cuatro millones de firmas necesarias para convocar un referendo revocatorio del mandato de Maduro.
Los opositores piden celeridad. Si la consulta se hace antes del 10 de enero de 2017 y Maduro pierde, habría elecciones. Si se realiza después y el gobernante es revocado, su vicepresidente completaría los dos años restantes de su mandato.
Florido estuvo acompañado en la reunión con Lilian Tintori y Mitzy de Ledezma, esposas de los dirigentes opositores presos Leopoldo López y Antonio Ledezma, y con el dirigente «exiliado» Carlos Vecchio.
«En Venezuela se siguen violando los derechos humanos, hay mayor represión, hay una grave crisis humanitaria», indicó Florido, alertando que el país petrolero está a puertas de «una explosión social de dimensiones desconocidas» que podría provocar un brote migratorio hacia países vecinos.
Agravada por el desplome de los precios del petróleo, los venezolanos sufren una aguda escasez de más del 80% en alimentos y medicinas -según la firma privada Datanálisis-, que provoca largas filas en los supermercados donde se venden productos básicos con precios altamente subsidiados por el Estado.
Vecchio pidió a la ONU designar una «comisión de alto nivel» para abordar lo que llamó la «peor crisis de este continente».
Tintori y de Ledezma denunciaron una profundización de la represión contra la oposición y alertaron sobre la situación de sus esposos y otros opositores presos, incluyendo Daniel Ceballos, quien fue trasladado a una cárcel el sábado luego de un año bajo arresto domiciliario.
La esposa de López enumeró «detenciones arbitrarias», «encarcelamientos injustos, presos políticos y líderes en la clandestinidad porque les han allanado sus casas».
Soportes degradados
El caso de Ceballos fue condenado por Estados Unidos, que estimó que la medida es un «esfuerzo por intimidar y obstaculizar» a los opositores que se manifestarán el jueves, y exigió la «liberación inmediata» del dirigente opositor.
«Los soportes básicos de la ley en Venezuela se han degradado a un nivel alarmante. No hay lugar en una sociedad democrática para el empleo de instrumentos del Estado para amedrentar, intimidar y silenciar a la oposición política», indicó el vocero del departamento de Estado, John Kirby, el domingo en un comunicado.
Caracas, que no intercambia embajadores con Washington desde 2010, rechazó esas «insolentes» declaraciones que, señaló, «alientan y promueven a los factores violentos, extremistas y antidemocráticos en Venezuela».
Según el ministerio de Interior y Justicia de Venezuela, los servicios de inteligencia detectaron que Ceballos, exalcalde de la ciudad de San Cristóbal (estado de Táchira, oeste), «pretendía fugarse días antes del próximo 1 de septiembre, a fin de dirigir y coordinar actos de violencia en el país».
Ceballos está acusado de incitar a la violencia en las protestas contra Maduro de 2014 y que dejaron 43 muertos, de los que el gobierno le responsabiliza, al igual que a Leopoldo López, quien cumple una condena de casi 14 años de prisión.
Ledezma cumple arresto domiciliario.
Cuando fue detenido en marzo de 2014, Ceballos era alcalde de San Cristóbal, la ciudad donde estallaron las protestas callejeras. Tras sufrir secuelas de una huelga de hambre hace poco más de un año, había recibido arresto domiciliario.
