Obligadas por la Ley original a contribuir con un pequeño porcentaje de sus ganancias al desarrollo científico y tecnológico del país, las empresas aportantes se las arreglaron para evadir sus responsabilidades
En el prólogo de la compilación de «El pensamiento latinoamericano en la problemática ciencia-tecnología desarrollo-dependencia», el científico argentino Lino Barañao destaca: «Está claro que la ciencia y la tecnología en los países de América Latina no solo deben promover la competitividad de su sector productivo, sino que, además, tienen una demanda preexistente que es la de promover la inclusión social incorporando a la ciudadanía en la apropiación de las nuevas tecnologías, lo que llamamos innovación inclusiva».
Lamentablemente, esta concepción de la ciencia y la tecnología, clara para los sectores progresistas y antimperialistas de la región, no puede estar clara para diputados, empresarios y académicos identificados con intereses y prácticas de los EE.UU. y demás potencias capitalistas. Por ello no resulta sorprendente que, lograda la mayoría en la Asamblea Nacional, la bancada apátrida en connivencia con Fedecámaras y la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, promueva la modificación de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación vigente (Locti 2).
Obligadas por la Ley original (Locti 1) a contribuir con un pequeño porcentaje de sus ganancias al desarrollo científico y tecnológico del país, las empresas aportantes se las arreglaron para evadir su responsabilidad y financiar con sus contribuciones tanto gastos corrientes como estudios ajenos a las prioridades nacionales, incluso opuestos al espíritu del proyecto bolivariano.
La corrección de esta situación en 2014, mediante la transferencia del manejo de las contribuciones del sector empresarial al gobierno (Locti 2), indignó a empresarios, autoridades universitarias y responsables de organizaciones y centros «favorecidos» por la Locti 1. Y desencadenó toda clase de acusaciones sobre la aplicación de un nuevo impuesto, la confiscación de recursos del sector privado, la politización de la ciencia la tecnología, etc.
De allí que ahora, desconociendo el artículo 110 de nuestra Constitución y la importancia de la apropiación social del conocimiento, la bancada de la contrarrevolución, bajo una visión elitesca y dependiente del desarrollo científico y tecnológico, se propone retomar el control de los recursos destinados al sector a través de la aprobación de una Locti 3 que, entre otras cosas, contempla la creación de un Conaciti como organismo mixto de consulta sobre políticas sectoriales, incluyendo demagógicamente en su directiva a un representante sindical, tal como se hiciera hace décadas en el Conicit, el Conac y el Conavi.
La pretendida Locti 3 evidencia una vez más la oposición de los conspiradores apátridas a la participación protagónica del pueblo en áreas claves para el desarrollo del país y su disposición a subordinarlas a los intereses de los grandes conglomerados trasnacionales.
Mariadela Villanueva
aporrea.org
