Diez demandas contra diez organismos públicos interpuso la semana pasada en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Transparencia Venezuela, organización que acusó a todos y cada uno de los despachos de negarse a atender sus solicitudes de información.
Las querellas por abstención fueron presentadas el pasado 22 de septiembre en la Sala Político Administrativa, según figura en la cuenta 77 de la instancia fechada el día 27.
Las acciones fueron interpuestas contra nueve ministerios (Relaciones Interiores, Transporte Terrestre, Educación, de la Juventud, del Turismo, de Industria y Comercio, de Vivienda y Hábitat) y contra la Contraloría General de la República, por negarse a responder unas peticiones de información.
Cada uno de los cinco magistrados conocerá dos demandas.
Pese a que la Constitución, en su artículo 51, establece que «toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos, y a obtener oportuna y adecuada respuesta» y que «quienes violen este derecho serán sancionados conforme a la ley, pudiendo ser destituidos del cargo respectivo», los funcionarios sistemáticamente se niegan a suministrar información y el TSJ ha amparado esto.
A lo largo de los últimos años las distintas sentencias de la salas Constitucional y Político Administrativa han ido dirigidas a ponerle obstáculos a los ciudadanos y organizaciones civiles interesadas en hacerse con información en manos de los organismos del Estado. EU
YM
