Dificultar y complicar un proceso de expresión ciudadana es una acción opuesta a lo que debe ser la vocación de quienes ocupan puestos en la administración estatal
Los numerosos escollos que han aparecido y siguen apareciendo en el camino hacia la realización del referendo revocatorio presidencial, demuestran que entre las muchas cosas que se han perdido en Venezuela en estos años, se encuentra el norte de la función pública.
Analicemos los hechos. Estamos ante un derecho consagrado en la Constitución nacional, como lo es el someter a consulta revocatoria a cualquier trabajador público de elección popular una vez transcurrida la mitad de su período. Nos encontramos en los tiempos correctos y todo parece señalar que es la voluntad mayoritaria de la ciudadanía, vista la masiva concurrencia a la primera recolección de firmas, así como a la llamada “Toma de Caracas” del pasado 1º de septiembre.
Sin embargo, justamente en estos eventos que han servido para pulsar el ánimo de la gente, hemos visto innumerables trabas y obstáculos. Desde la restricción en los días y horas de recolección de las rúbricas hasta alcabalas engorrosas e inexplicables; pasando por la lentitud de los procesos en sí.
Por si esto fuera poco, la venidera recolección del 20 % de las firmas del padrón electoral también se plantea cuesta arriba desde lo que es el punto de vista de las condiciones que pretende imponer el Consejo Nacional Electoral, entre las cuales hay unas cuantas que hacen ruido y que adversan a la voluntad de las mayorías, al dificultar la expresión eficaz de su voluntad.
Y es aquí donde cabe la palabra “malentendido”. El servidor público tiene su razón de ser en prestar servicio. Dificultar y complicar un proceso de expresión ciudadana es una acción opuesta a lo que debe ser la vocación de quienes ocupan puestos en la administración estatal.
Se colocan reglas desde la unilateralidad y desde la más absoluta verticalidad, olvidando que, hasta no hace mucho, el gobierno hablaba del “soberano” como un eufemismo para hablar de los venezolanos y del hecho de respetar su voluntad; pero esto sucedía especialmente cuando los deseos de las mayorías coincidían con lo que beneficiaba al oficialismo.
Ahora, cuando el panorama es inocultablemente adverso para quienes gobiernan, parece que se hubiera acabado la luna de miel. Todo el país está bajo estado general de sospecha y hay que comprobar hasta cuatro dedos de cada venezolano para la segunda etapa de la convocatoria al referendo revocatorio.
En días restringidos, en horas restringidas, con cantidad de máquinas restringidas. Esto no se parece ni de lejos, por ejemplo, a lo que fue el proceso de firmas para solicitar al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el retiro de la orden ejecutiva que sancionaba a funcionarios venezolanos. La ley del embudo queda desnuda.
Partiendo de que el concepto de “servidor público” pareciera desdibujado en la Venezuela actual, podemos, sin embargo, apostar una vez más a que la voluntad de la mayoría -del soberano- se impondrá por encima de todas las dificultades que propician quienes deberían estar allí para facilitar las cosas.
La Mesa de la Unidad Democrática ha recogido el guante de algo que, más que un acuerdo, pareciera un enfrentamiento; con lo cual se pierde de vista que lo que está en juego es también el bienestar del país.
La coalición que representa a la alternativa democrática, participará en la jornada de recolección de 20 % de las firmas del Registro Electoral en esta nueva etapa del revocatorio, siempre y cuando el Poder Electoral garantice tres condiciones: la primera de ellas será que el Referéndum Revocatorio se realice este año; la segunda, que la recaudación deba completarse en el ámbito nacional; y por último, que sea respetada la Constitución, en especial el artículo 72, el cual establece que todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Los únicos requisitos que se enumeran son que el revocatorio sea solicitado transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria y que la recolección de firmas no sea inferior al 20 % de los ciudadanos inscritos en el Registro Electoral.
Por ello, el exigirle a los promotores del revocatorio presidencial la recolección del 1 % del padrón electoral, ya fue una acción fuera de la norma, ante la cual no nos queda sino preguntar por qué se exigió. Sin embrago, fue cabalmente cumplida por quienes apoyan la cita comicial, incluso muy por encima de lo solicitado y a pesar de los obstáculos literales que fueron puesto en todos los caminos.
Nuevamente se abre, pues, una oportunidad para que los funcionarios públicos del país evalúen cuál es su deber y su razón de ser. La MUD ha hecho una contraoferta perfectamente legítima en una negociación en la cual se está jugando la salida pacífica a la mayor crisis de la historia de nuestra nación. El malentendido aún se puede superar.
