Numerosas personas protestaron este miércoles a las afueras de la sede del Ministerio del Poder Polular para los Servicios Penitenciarios, en Caracas, para solicitarle a la ministra Iris Valera que permita el acceso de comida y medicinas y que no intervenga militarmente el penal
Numerosas personas se apostaron este miércoles a las afueras de la sede del Ministerio del Poder Polular para los Servicios Penitenciarios, en Caracas, para protestar por la situación que se vive actualmente en la Penitenciaría General de Venezuela desde hace poco más de dos semanas, con más de dos mil personas “autosecuestradas”, incluyendo mujeres embarazadas y niños.
La protesta de este miércoles se registró desde tempranas horas de la mañana frente la sede del Ministerio del Poder Polular para los Servicios Penitenciarios, en El Rosal, más un grupo de personas intentó acercarse al Palacio de Miraflores, al final de la avenida Urdaneta.
La delicada situación que se registra en la Penitenciaría General de Venezuela, ubicada en San Juan de los Morros, estalló cuando los cuerpos de seguridad reportaron el robo de más de 80 granadas del Fuerte Conopoima y se presentaron en el penal y en los barrios cercanos “para rastrear los explosivos”, en un intento por determinar si el robo guardaba relación con los reclusos.
La movilización militar puso en alerta a los familiares de los reos, que, tras la última visita, decidieron quedarse en el interior del penal para evitar una tragedia.
“Les quitaron el agua y la luz y no tienen comida; pese a que hay niños adentro”, comentó este miércoles una mujer que dijo tener su hijo preso en la PGV. “Nosotros lo que pedimos es que respeten la Constitución, que respeten sus derechos humanos”, pidió. “Adentro hay más de mil personas por voluntad propia, entre ellos unos 400 niños menores de seis años; hay muchachos que tienen su carta de libertad y muchos que no han sido sentenciados”, agregó un hombre que protestaba este miércoles, quien prefirió no indentificarse. “En los últimos tres meses fueron trasladados hasta la Penitenciaría General de Venezuela reclusos desde todas partes del país; desde Guanare, Tinaquillo, Valencia, Guacara, Los Guayos, San Joaquín, La Guaira y Caracas, de todas partes”, acotó.
Los manifestantes gritaban consignas y solicitaban la presencia de la ministra Iris Valera, para solicitarle que tome medidas para solucionar el conflicto, que permita el ingreso de alimentos y medicinas y que no intervenga militarmente el penal.
La situación en la Penitenciaría General de Venezuela empeoró con denuncias aparecidas en un medio de circulación nacional, acusando a uno de los presuntos pranes del lugar, identificado como Franklin Hernández (alias Franklin Masacre), de tener una guerra con otro pran, identificado como Nelson Barreto (alias El Ratón), por el control del dinero que les cancela semanalmente la población reclusa. Se denunció, incluso, que Franklin Masacre mutila a los reos que no cancelan “la causa”.
Estudiantes piden seguridad
Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), encabezados por Luis Enrique García, secretario de reivindicaciones de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de esta casa de estudios, protestaron en la sede del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Mpprijp) a raíz del aumento de la tasa delictiva dentro del campus caraqueño.
García consignó un documento contentivo de exigencias para que el Mpprijp atienda inmediatamente, pues asegura que “el Ministerio no ha ejecutado ni un solo plan para disminuir los índices de inseguridad” que sufre la comunidad universitaria.
En la carta dirigida al ministro Néstor Reverol se enumeran la carencia de herramientas de vigilancia, el incumplimiento de parte de los vigilantes de la UCV con la Ley del Trabajo y la venta de estupefacientes dentro del campus como los principales problemas de la Ciudad Universitaria, problemas que García considera prioritarios de resolver.
“No solo roban a los estudiantes, obreros y profesores de la UCV, sino que también la delincuencia está robando cada uno de los pocos insumos que le quedan a nuestra universidad, vitales para nuestro desarrollo académico”, explicó el dirigente estudiantil, quien también instó a las autoridades a hacer revisión de los más de 60 casos de vigilantes con calificación de despido o inmersos en actos delictivos.
Edward Sarmiento
@edward42r
Foto Jaime Manrique