Un conato de motín fue denunciado este jueves por familiares de los reclusos, que sufren problemas de hacinamiento
Este jueves se produjo una situación irregular en la sede de la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana, al parecer por un problema de hacinamiento que afecta a la población penal.
Juan Carlos Vidal, concejal de Primero Justicia y presidente de la Comisión de Urbanismo del Cabildo del Municipio Sucre, denunció la permanencia inadecuada de más de 500 privados de libertad en las instalaciones de la llamada zona 7, ubicada en Boleíta.
«Por segunda vez en un año, denunciamos el peligro inminente que supone el funcionamiento de un centro de reclusión dentro de un área donde confluye una zona industrial con actividad educativa y residencial, además de ser un edificio diseñado originalmente para oficinas de propiedad del municipio Sucre», dijo el edil en comunicación enviada a la redacción.
Vidal explicó que a principios de esta semana ocurrió una situación irregular en el lugar de reclusión, en la cual resultó un interno fallecido, justo cuando al lado, en el Colegio San Agustín de El Marqués, se realizaba una actividad religiosa masiva.
“Es inaudito el funcionamiento de este centro de reclusión hacinado con más de 600 privados de libertad, justamente al lado del Colegio San Agustín, la unidad educativa con mayor matrícula escolar del municipio, cercana a los 3.500 estudiantes».
Enfatizó el concejal de Primero Justicia que, “tal y como lo dijimos hace un año, esto representa una bomba de tiempo, pues un motín en la sede policial podría traer graves consecuencias, tomando en cuenta, que además del Colegio, hay al menos tres empresas y varios edificios residenciales colindantes al centro policial. Por ello el martes próximo llevaremos una moción de urgencia a la plenaria del Concejo Municipal donde exigiremos a los Ministerios de Interior y Justicia y Asuntos Penitenciarios el traslado total de los aprehendidos y el cierre definitivo de los calabozos”.
Finalizó el concejal haciendo un llamado adicional a la Defensoría del Pueblo, pues algunos familiares de los privados de libertad manifestaron que en la población penal hay enfermedades diversas que agravan la situación.
