Es particularmente el silencio que ha venido exhibiendo el árbitro electoral respecto de la elección de gobernadores; mientras voceros de la cúpula gubernamental proclaman que este evento electoral no se realizará este año y extrañamente la MUD guarda silencio
Durante el golpe del 2002, la contra-revolución suspendió brevemente la Constitución Bolivariana para restaurar la Constitución cuartorepublicana. Intentó arrebatarle al pueblo, de un zarpazo, lo que no pudo lograr en una consulta refrendaria inédita, que le dio legitimidad a la carta magna de mayor alcance social y democrático de la historia republicana. Habiendo fracasado el golpe petrolero y las acciones insurreccionales que giraron en torno a la Plaza Altamira, en 2004, impulsó un Referéndum Revocatorio del mandato del presidente Chávez, reconociendo en ese momento la vigencia de la Constitución. Al aceptar y facilitar esa iniciativa, el líder de la revolución bolivariana demostró su talante de estadista al privilegiar, por encima de cualquier otra consideración política coyuntural, el derecho constitucional del pueblo al ejercicio de la democracia directa y refrendaría.
El RR contra el presidente Maduro promovido por la MUD, de nuevo ha puesto a prueba la vigencia de la Constitución o su desmontaje por la vía del hecho. Esta iniciativa se adelanta en el contexto de fuertes tensiones entre los poderes públicos, que han llevado a una ruptura de relaciones institucionales. A un tira y encoje entre la AN y el Poder Ejecutivo. Este último ha optado por establecer un estado de excepción permanente de cuestionable legitimidad constitucional. En estas difíciles circunstancias, el Poder Electoral y todos sus integrantes tienen una responsabilidad histórica ineludible para evitar el desmontaje de facto de la constitución. Esta vez, por una cúpula gobierno-partido que paradójicamente se proclama su defensora y heredera del legado revolucionario de Chávez.
Más allá del debate sobre las facilidades o dificultades ofrecidas para la recolección de firmas de apoyo a la solicitud por la MUD del RR, su implementación para finales de octubre es una señal generadora de confianza institucional en el CNE. No podemos decir lo mismo del ruidoso silencio que ha venido exhibiendo el árbitro electoral respecto de la elección de gobernadores, mientras voceros de la cúpula gubernamental proclaman que este evento electoral no se realizará este año y extrañamente la MUD guarda silencio. En la práctica, esa elasticidad discrecional banalizante de la norma constitucional por acción u omisión, está logrando lo que Carmona no pudo.
Gustavo Márquez Marín
aporrea.org