Unos 150 adultos mayores se reunieron, pancartas en manos, justo frente a un punto rojo del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), una figura inflable gigante de Hugo Chávez y bajo la consigna “Maduro paga el bono”
Ysabel E. Atique
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Un grupo de jubilados y pensionados protestó este martes en el centro de Caracas, específicamente en la esquina de Carmelitas, en la avenida Urdaneta, frente a la sede de la Vicepresidencia de la República y del Ministerio de Finanzas, para exigirle al Gobierno el pago del bono de alimentación y medicinas que fue aprobado por la Asamblea Nacional, el pasado 30 de marzo y que fue declarado constitucional por el Tribunal Supremo de Justicia.
Justo frente a un punto del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), una figura inflable gigante de Hugo Chávez y bajo la consigna “Maduro paga el bono” se reunieron más de 150 adultos mayores.
Una hora antes de la hora pautada para la convocatoria, alrededor de las 9:00 de la mañana, efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional resguardaron los accesos de esta arteria vial en el centro de Caracas, evitando que los manifestantes trancaran la calle. El tránsito no fue restringido en ningún momento.
Omar Vásquez, secretario general de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela, manifestó que debido a las mentiras dichas por el Gobierno decidieron tomar cartas en el asunto. “Nos entramparon. Nos metieron en una esquina, rodeados por efectivos y nos dijeron que un representante de la vicepresidencia vendría a conversar con nosotros. Fue mentira y no es justo nosotros hemos trabajado durante décadas por este país”, dijo.
La mayoría parlamentaria de oposición se propuso traer de vuelta la Ley de Bono para Alimentos y Medicinas a Pensionados y Jubilados engavetada por más de ocho años, para otorgar un beneficio adicional al salario, equivalente a 67 unidades tributarias mensuales, que sería entregado en “cupones, tickets, tarjetas electrónicas o dinero en efectivo”. El proyecto ha estado encabezado por el presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Miguel Pizarro.
Sin embargo, después de su aprobación el 30 de marzo, la norma fue rechazada por el Tribunal Supremo de Justicia bajo el alegato de que no especificaba la viabilidad económica del proyecto, destacando el hecho de que no se conoce de dónde saldrían los recursos para pagar el bono, y que además el Estado no contaba con respaldo presupuestario para su aprobación.
Pese a que el diputado José Guerra elaboró una propuesta de viabilidad económica que fue entregada ante el Ejecutivo hace cuatro meses, la norma aún no ha sido publicada en Gaceta Oficial.
Con las protestas, los jubilados y presionados buscan que el presidente Nicolás Maduro publique la ley, la ejecute y cancele el bono. “La propuesta que se planteó es que de los dólares que entran por renta petrolera, se tomaría el 13 % para ofertarlo a tasa Dicom a 650 bolívares por dólar, y con las ganancias pagar el bono”, explicó el diputado Alfonzo Benítez.
Desde entonces, las manifestaciones en defensa de los derechos que establece la ley no han parado.