Los tribunales penales no tienen competencia alguna para decidir en materia electoral ni, mucho menos para dictar decisiones, definitivas o cautelares, que afecten los derechos de terceros
Empecé a escribir estas líneas el pasado jueves temprano, cuando la noticia que corría de boca en boca contaba que, en una maniobra burda, absolutamente ilegal e inconstitucional, de manera completamente sincronizada, cinco tribunales penales de cinco diferentes estados del país admitían una serie de querellas interpuestas por oficialistas contra el 1 % de las firmas recabadas originalmente en esas regiones para activar el proceso del RR. Que las admitieran, en un país en el que el poder judicial (así, en minúsculas) es la vergüenza sumisa que es, no era sorpresa. Lo llamativo, lo sospechoso, era la simultaneidad y la identidad de la manera en la que tales decisiones se dieron a conocer: fueron los cinco gobernadores oficialistas de esos estados los que, casi al unísono, divulgaron la información. También, aunque uno ya ha perdido toda capacidad de asombro, destacaba que dichas decisiones incluían una suerte de “medida cautelar” que ordenaba, también de manera orquestada, se suspendiera el proceso de recolección de firmas del 20 % de las manifestaciones de voluntad previsto para la semana que viene. Esto es muy grave, porque los tribunales penales no tienen competencia alguna para decidir en materia electoral ni, mucho menos para dictar decisiones, definitivas o cautelares, que afecten los derechos de terceros que no sean parte ni sujetos procesales de las causas que ante ellos se estén tramitando.
Es decir, estos tribunales, sin haber ni siquiera decidido de manera definitiva el fondo de los asuntos que les fueron planteados, de manera cautelar, léase “provisional”, habían usurpado las atribuciones de la Sala Electoral del TSJ dictando providencias que legalmente no son de su competencia, y al hacerlo inmiscuyeron en dichas causas, en las que en todo caso se debaten responsabilidades penales que son estrictamente personales, no solo a los querellantes y a los querellados, sino a toda Venezuela.
Para ponerlo más sencillo con un ejemplo diferente, imagínense ustedes que en un proceso de divorcio cualquiera, digamos en Guasdualito, entre cónyugues que ustedes ni siquiera conocen y con los que no han tenido ningún tipo de relación jamás, un tribunal civil, que solo puede atender asuntos civiles, se disfrazara de repente de tribunal penal y, lo que es peor, decidiera que todos ustedes, todos mis lectores en cualquier otra parte del país, por un asunto en el que no han tenido arte ni parte, deben ir presos. Así de absurda es la cosa.
Algo olía muy mal en Dinamarca, y mientras buscaba estas palabras que hoy, en ejercicio de mi constitucional derecho a opinar, comparto con ustedes, decidí detenerme a la espera del que no había que tener más de dos dedos de frente para intuirlo, sería el zarpazo final que todos recibiríamos esa misma noche. Tal zarpazo llegó a las pocas horas. El CNE, en un comunicado de prensa corderil en el que mostraba supuestas lanas plenas de pomposo respeto a las decisiones del poder judicial (de nuevo, en minúsculas) nos arrancaba de un tajo nuestro derecho constitucional a revocar al presidente de la república: el proceso de recolección del 20 % de manifestaciones de voluntad previsto para la semana que viene, ya por cierto en condiciones desventajosas y también inconstitucionales, quedaba “suspendido” hasta nuevo aviso.
Así, sin más. La democracia en Venezuela ya no es. Ya no es el pueblo el que a través de su voto decide quién es presidente de Venezuela o quién deja de serlo, tampoco es la Constitución la que establece cuáles son los plazos, las condiciones o los términos para realizar tal o cual consulta electoral o qué órgano del poder público (insisto con las minúsculas adrede) es el que tiene competencia para decidir sobre estos temas. Ahora cualquier anodino juez penal, incluso en la ínfima jerarquía que es la de un Tribunal de Control, es el que nos dice si un evento de la magnitud de un Referendo Revocatorio presidencial, que nos atañe a todos los venezolanos, va o no va.
Los ojos del mundo están puestos sobre Venezuela. La del gobierno es una clara patada a la mesa que revela sin atisbo de duda el abandono, por parte de las cúpulas del gobierno, de cualquier vía distinta a la de la fuerza y el abuso para mantenerse en el poder. El carácter planificado, sistemático y evidentemente coordinado de la ilegal e inconstitucional jugada lo demuestra, y dudo mucho que a la comunidad internacional, salvo a la encarnada por los dinosaurios de siempre, le haga gracia esta abominación. Con ella, por supuesto, se desconocen los anhelos de cambio pacífico y democrático de la oposición, que hasta el momento en el que cierro estas líneas se mantiene apegada a la línea de la respuesta pacífica y constitucional. Pero también, hay que decirlo, el gobierno se burló hasta de sus mismos seguidores que, a menos que no tengan más que una neurona en la cabeza, ya deben tener claro que el jueves se emitió el certificado de defunción del “legado”, lo que sea que éste fuera, y que a ellos también se les ha cerrado en la nariz toda posibilidad de renovación democrática de su liderazgo. De ahora en adelante, lo que vale es el “dedo” y la ignominia de unos pocos, muy pocos y, si seguimos así, toda la alharaca oficialista sobre el “pueblo participativo y protagónico” y todo el gamelote presidencial sobre el “poder para el pueblo” quedarán expuestos como lo que siempre fueron: una farsa. En esta movida, todos hemos perdido.
Ha sido el que pasó, a no dudarlo, un “jueves negro”. Así será recordado.
«Ahora cualquier anodino juez penal, incluso en la ínfima jerarquía que es la de un Tribunal de Control, es el que nos dice si un evento de la magnitud de un Referendo Revocatorio presidencial, que nos atañe a todos los venezolanos, va o no va…»
Gonzalo Himiob Santomé
