Algunos hablan dominados por lo que desde hace un tiempo he dado en llamar el “Síndrome del Prócer de la Independencia”, como si los demás, que somos millones, no tuviésemos cabeza, inteligencia o “altura” suficientes para entender sus motivos y sus actos
Los consejos, a decir verdad, solo sirven a quien los da. Sobre todo cuando son como éstos, lamentablemente no solicitados por quienes, a no dudarlo, creen equivocados que tienen el sartén tomado por el mango, que no por donde más quema. Lo notas en sus actitudes y especialmente en sus declaraciones públicas, en las que algunos hablan dominados por lo que desde hace un tiempo he dado en llamar el “Síndrome del Prócer de la Independencia”, como si los demás, que somos millones, no tuviésemos cabeza, inteligencia o “altura” suficientes para entender sus motivos y sus actos, como si fuesen parte de un exclusivo y excluyente “club de iniciados” inaccesible para nosotros, los simples mortales, o como si sus frases fuesen a ser parte, en algún momento, de algún compendio de “citas notables”.
Me refiero, por supuesto, a quienes intervienen desde la MUD en el diálogo que se desarrolla entre gobierno y oposición. Lo siento si hiero susceptibilidades, pero en algún momento a mis hijos tendré que rendirles cuentas de lo que en estos tiempos difíciles hice o dejé de hacer, y si de algo no quiero ser culpable es de haber callado solo porque ahora algunos consideran que confiar en los líderes políticos es exactamente lo mismo que cerrar los ojos y los oídos y entregarles nuestro futuro en un cheque en blanco. Además, no me gusta nada la excesiva “sensibilidad de piel” de algunos de nuestros dirigentes ante la exigencia ciudadana, absolutamente válida, de explicaciones sobre lo que hacen o dicen que hacen en representación de nosotros, que somos todos los demás.
Escribo esto porque me tiene muy preocupado el destino en este diálogo de los presos, perseguidos y exiliados políticos. No sería justo que afirmara que su libertad y el cese de la persecución no han sido desde el comienzo un reclamo del sector de la MUD que participa en el diálogo, pues está claro que sí lo ha sido, pero hay algunos aspectos alarmantes que hay que poner sobre la mesa.
Lo primero es que a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Ningún diálogo puede ser productivo si parte de la base del desconocimiento, o de la perversa “relativización”, de la verdad objetiva. El primer acuerdo, que es la base sobre la cual se están desarrollando las negociaciones, se negó de plano a reconocer la existencia de presos políticos, que dentro de los “ejes temáticos” en discusión pasaron a ser simplemente “personas privadas de la libertad”. O sea, algo así como criminales comunes que, por circunstancias ajenas a la sistemática e institucionalizada intolerancia oficial, están tras las rejas. Además, aunque ciertamente los presos de la indignidad son de fundamental consideración, me preocupa que los perseguidos y los exiliados quedan, aparentemente, por fuera de toda discusión. Hablamos de miles de venezolanos sujetos a procesos penales injustos, sometidos a medidas arbitrarias de todo cuño que restringen sus derechos, a veces de manera indefinida, y de personas que han tenido que huir de nuestro país para evitar la cárcel. Un primer consejo no solicitado, en consecuencia, sería el de hacer del reconocimiento de la verdad, con todas sus aristas, un punto medular, para desde allí ir desmadejando soluciones viables que, desde esta base, serían mucho más eficaces que aquellas que se basen en conceptos incompletos o difusos.
A esto solo le añadiría que unas pocas liberaciones, condicionadas además, no hacen verano. Bienvenidas sean, pues libertad, aunque “chucuta”, siempre será mejor que prisión, pero en mi opinión, si en realidad quiere afrontarse con seriedad el tema, lo mejor sería poner sobre la mesa de nuevo la inmediata promulgación y acatamiento de una Ley de Amnistía amplia y clara que, como se propuso desde hace tanto tiempo, cierre de una vez y para siempre el oscuro capítulo del uso de las instituciones judiciales como armas de intolerancia. Ya esa ley está lista, los ajustes que habría que hacerle a la que fue truncada por el poder pueden trabajarse en apenas horas, y su promulgación y aplicación solo dependen, hoy por hoy, de la voluntad política que exista para ello.
En segundo lugar, me hace ruido que ninguno de los involucrados en el diálogo, ni del gobierno ni de la oposición, tiene credenciales ni experiencia en materia de DDHH. Experiencia política sí tienen, pero ninguno exhibe en su hoja de vida algo que demuestre que conoce, con la profundidad que el caso amerita, los aspectos técnicos y jurídicos especializados a ser considerados o, más allá, el nivel y consecuencias reales de los que ya van para 18 años de represión política generalizada. Es verdad, se abrió la puerta a la posibilidad de consultar a “asesores técnicos”, pero una breve indagación me confirma que salvo una que otra intención manifestada con timidez y a sotto voce, ninguna de las organizaciones serias que llevan años dedicadas a estos temas ha sido llamada a participar en el diálogo. Eso huele a prioridades mal establecidas, a poner lo electoral, que es importantísimo, por encima de lo humano, que es también y por igual importantísimo. El segundo consejo no solicitado, en consecuencia, es que nos aprovechen, que nos convoquen, que sin necesidad de pompas y sin otorgarnos crédito por ello, que no es lo que buscamos, sumen a su experiencia política y hagan suyos el conocimiento y la experiencia en DDHH de tantas personas que tanto tiempo tienen dedicadas al registro, estudio y análisis de la represión y de la intolerancia como política de Estado en Venezuela.
En tercer lugar, y ya como un último, por ahora, consejo no solicitado, les pediría que se cuidasen mucho de trabajar pensando que hay “presos prioritarios”, merecedores en teoría de una “consideración especial” en detrimento de los otros que, con base en su supuestamente menor rentabilidad política, pudieran a los dialogantes parecerles poco importantes o relevantes. Después del olvido, no hay peor ofensa para un preso político, o para sus familiares, que la de relegarlo con respecto a los demás a un segundo plano. Detrás de cada encarcelado injustamente hay una familia, padres, madres, hermanos, hijas e hijos, que tienen su fe puesta en el diálogo, y todos son por igual importantes. Es verdad, algunos son más notorios o tienen más espacio en los medios que otros, pero el drama que les afecta, a todos, es igual, para todos. No son fichas de póker que puedan tener de acuerdo sus colores un mayor o menor valor en una partida, son personas. Es humano querer la más pronta libertad de quien se sienta más cercano, de un amigo o de un compañero de partido por ejemplo, pero acá se impone la consideración de la prisión política como un todo, que no va a cesar en sus efectos negativos para Venezuela ni va a dejar de rendirle frutos a la intolerancia si se da “por cuotas” o “a pedazos”, mucho menos cuando, ya lo hemos comprobado, al poder en nuestro país no le incomoda, al sacar de la cárcel a algunos, encarcelar a otros, a veces hasta el mismo día, en un perverso efecto de “puerta giratoria” que impide que el número de presos por motivos políticos, en realidad, disminuya de manera realmente significativa.
«Aunque ciertamente los presos de la indignidad son de fundamental consideración, me preocupa que los perseguidos y los exiliados quedan, aparentemente, por fuera de toda discusión…»
Gonzalo Himiob Santomé
