La ente electoral se subordinó a instancias judiciales que incurrieron en desviación de poder, al no ser competentes para conocer la materia electoral ni para restringir o interferir la actuación de un poder nacional
Al «acatar» la medida «cautelar» tomada por tribunales penales de seis estados, que suspendieron la recolección por la MUD del 20 % de las manifestaciones de voluntad para convocar el Referéndum Revocatorio, el CNE abdicó de su condición de cabeza de un Poder Público. Así fue, porque se subordinó a instancias judiciales que incurrieron en desviación de poder, al no ser competentes para conocer la materia electoral ni para restringir o interferir la actuación de un poder nacional. Lo que hace más grave y absurda la decisión tomada por la directiva del órgano electoral, es que al aceptarla admitió que una denuncia por delitos electorales, podría ocasionar la suspensión por un juez, de cualquier proceso electoral. Dado que estos delitos solo son imputables a personas, su judicialización no debería afectar los procesos de participación política y electoral. Con ese «acatamiento», el CNE se hizo un autogol, al perforar su propia independencia orgánica y autonomía funcional, colocándose al margen de la Constitución.
Uno de los grandes logros de la revolución bolivariana es la creación del Poder Electoral y su sistema electoral automatizado. Probado en 20 elecciones y reconocido internacionalmente como uno de los más confiables y eficientes del mundo. No es por el azar que Venezuela cuenta con esa plataforma electoral, que dicho en palabras del exrector del CNE, afecto a la oposición, Vicente Díaz, «garantiza respeto por la voluntad del elector». Ese logro es expresión de la importancia estratégica que le dio la revolución, al reconocer que es el pivote que sustenta la legitimidad de las instituciones y la soberanía popular, dejando atrás el «acta mata votos» de la cuarta república.
En la Venezuela de hoy, convulsionada por una crisis económica y político-institucional sistémica, en la que se viene imponiendo un estilo autoritario de gobierno y, en los poderes públicos, por acción u omisión, una práctica que está socavando la institucionalidad democrática, la pérdida de legitimidad del Poder Electoral dejaría sin piso el instrumento de expresión directa de la soberanía popular, abriéndole las puertas a la violencia. De ahí la responsabilidad histórica que tiene la mayoría de la directiva del CNE como garante de la paz. Todavía tienen la oportunidad de reconsiderar su decisión. Nunca es tarde para rectificar.
Gustavo Márquez Marín
aporrea.org
