Reinaldo Muñoz es procurador general encargado desde diciembre de 2014, pese a que no tiene 15 años de ejercicio como abogado (según su número de Inpreabogado), no fue designado por el presidente de la República ni ratificado por la plenaria de la Asamblea Nacional, como lo establece la Constitución. La irregularidad está tipificada como usurpación de funciones en el Código Penal y la Ley contra la Corrupción. Así lo determinó ayer la plenaria de la AN luego del debate propuesto por Oscar Ronderos (MUD).
El parlamentario indicó que el último procurador designado conforme a la Constitución fue Cilia Flores (febrero de 2012), pero que de ahí en adelante la responsabilidad de defender los intereses de la nación, las demandas ante tribunales internacionales (como el Ciadi) y las demandas internas ha recaído en personas designadas sin apego a lo establecido en la carta magna.
“Manuel Galindo fue nombrado por Flores como encargado en abril de 2013 cuando, por ser primera dama, tuvo que separarse del cargo. Luego en diciembre de 2014, cuando Galindo fue nombrado contralor general, encargó a Muñoz. Estamos frente a una usurpación con consecuencias jurídicas y económicas. Los actos y compromisos internacionales que firme o haya firmado Muñoz son nulos”, afirmó Ronderos.
Rafael Guzmán (MUD) graficó con un ejemplo la magnitud del riesgo en que estaría la nación por la presunta irregularidad: “De acuerdo con el informe del Scotiabank, Venezuela tiene 26 casos pendientes solo en el Ciadi. Con demostrar que Muñoz no cumple los requisitos, la nación podría perder 24 millardos de dólares por demandas ante ese organismo. Este señor es un delegado del delegado y como se sabe, la doble delegación está prohibida por la ley”.
Delsa Solórzano (MUD) propuso a la cámara, y así resultó aprobado por la mayoría, solicitar a la Fiscalía abrir una investigación penal por usurpación de funciones y corrupción contra Muñoz. “Solicitamos que esta AN notifique a todos los organismos internacionales que este señor ha estado representando a la República sin tener la calificación para ello”, agregó la diputada.
La defensa del procurador recayó en manos de Francisco Torrealba (PSUV): “Por tratarse de un procurador encargado solo se requiere un acto administrativo para su nombramiento y no se requiere el trámite constitucional”.
De las 30 sentencias dictadas este año por el TSJ contra el Parlamento, dos han sido en respuesta a actuaciones de Muñoz. El miércoles, a dos días de la segunda reunión de la mesa de diálogo, Muñoz pidió al TSJ pronunciarse contra la declaratoria de responsabilidad política del presidente Nicolás Maduro que el Legislativo mantiene en suspenso “para darle una oportunidad al diálogo”, según su presidente Henry Ramos (MUD). EN
MMijares