Dan largas a la decisión de Contralora Municipal

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Pese a que ha sido anunciada varias veces una sesión para dar a conocer los resultados de una investigación realizada por los concejales, no ha habido consenso para ventilar el asunto en la cámara

Pese a que se vencieron los lapsos de cada procedimiento e incluso de la investigación en sí, los ediles del municipio Sucre no han tenido consenso para reunirse en sesión ordinaria o especial con el objeto de debatir el tema de la Contralora Municipal suspendida.

Pese a que ya la comisión encabezada por el edil Juan Carlos Vidal tendría los actos concluyentes del caso, no ha sido posible la realización de una sesión de la cámara para darlos a conocer y tampoco se informa oficialmente el por qué de la tardanza.

Mientras tanto, la Contraloría Municipal del municipio Sucre pudiera quedar acéfala, por cuanto el periodo para el cual fue colocada una contralora encargada también venció.

Como es del conocimiento público, la suspensión de la Contralora Municipal, Ángela Porcaro, fue solicitada por la Contraloría General de la República el pasado mes de mayo por la presunta comisión de irregularidades como la designación de funcionarios sin la capacidad laboral y educativa para ocupar un cargo determinado, el incumplimiento de los manuales y procedimientos para el nombramiento de directores y jefes de servicios y la contratación de un supuesto asesor que era pagado a través de una partida sustentada.

Para sustanciar el expediente, la Contraloría General de la República presentó un total de 535 folios contentidos de las presuntas pruebas, mientras la Contralora suspendida descargó parte de su defensa en forma escrita; todo en el contexto del vencimiento de los lapsos tanto para la investigación en sí como para la gestión de la Contralora encargada, Jenny Sánchez, según se conoció en medios allegados al órgano municipal.

La Contraloría General de la República solicitó, en una primera instancia, corregir algunas irregularidades detectadas en la gestión de Porcaro y ordenó la aplicación de un plan de acción correctivo en octubre del año pasado; pero en lugar de verificar la aplicación del mismo, procedió directamente a la intervención de la dependencia municipal.

Cabe destacar que la gestión de la Contralora interventora avanzó, según denunciaron algunos trabajadores, en la eliminación de beneficios laborales al personal e incluso habría procedido a incluir a familiares en la nómina. Asimismo, existen denuncias de la contratación de personal sin la capacidad laboral y educativa para ocupar un cargo específico, precisamente una de las irregularidades por las cuales se le acusó a Porcaro.

Edward Sarmiento

esarmiento@diariolavoz.net

@edward42r

 

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