Nunca antes tantos medios internacionales se unieron en una campaña de propaganda directamente enfocada en vincular a la pareja presidencial venezolana con crímenes tan graves como el narcotráfico
«Cuando tus sobrinos venden droga, pagan ellos, no tú». Este fue mi argumento cardinal en un acalorado debate que tuve en la televisión oficial de EE.UU. cuando apenas empezaba este escándalo mediático. Hoy lo ratifico.
El caso de los presuntos sobrinos de Cilia Flores pasará a la historia como un golpe mediático dañino contra el gobierno de Venezuela, pues nunca antes tantos medios internacionales se unieron en una campaña de propaganda directamente enfocada en vincular a la pareja presidencial venezolana con crímenes tan graves como el narcotráfico y para colmo faltando pocos días para elecciones legislativas (diciembre 2015), donde mis análisis publicados en prensa advertían la inminente derrota del PSUV y sus amigos.
Esa calumniosa campaña mediática internacional aún califica a Venezuela como un narco Estado; por eso frente a tan grotesca mentira vuelvo una vez más a rechazar la ofensa cometida contra la República Bolivariana de Venezuela, que está integrada por 30 millones de ciudadanos trabajadores y no precisamente por una mayoría de narcotraficantes ni negociantes cocaleros como se quiere hacer ver.
Es menester subrayar que si hubiera relación familiar entre los actuales prisioneros de EE.UU. y Cilia Flores ello no significa complicidad criminal; es insensato insinuar por ejemplo que la tía del Chapo Guzmán es cómplice de las fechorías de su sobrino solo porque son familia.
La responsabilidad penal es individual en todas partes del mundo. Dejamos constancia de que si esos individuos fueran sobrinos del adeco Henry Ramos Allup, yo mantendría exactamente la misma opinión jurídica.
En lo que respecta a la supuesta emisión de pasaportes diplomáticos a favor de estos venezolanos, bastaría determinar individualmente quién autorizó tales credenciales según la firma impresa en dichos documentos, porque difícilmente los mismos pudieran estar firmados por la primera dama nacional y eso lo sabe la prensa amarillista y los propagandista de la oposición.
Que se castigue a los culpables conforme a las normas jurídicas, pero no caprichosamente fuera de ellas, para complacer agendas políticas privadas.
Soy fiel a la defensa de la nación venezolana como hijo de esta tierra, la cual no puede ser sometida al desprecio público por los delitos que supuestamente un reducido grupo de venezolanos haya podido cometer.
Se llama «defensa del interés nacional» cuando compatriotas decidimos discutir nacionalmente nuestras diferencias políticas y no someterlas a examen o dictamen de autoridades extranjeras.
En este sentido repudio que se determine la culpabilidad de los sospechosos a través de canales de TV sin que se desarrolle un proceso judicial completo en Venezuela, ni me haré eco de una futura sentencia que se genere de tribunales de EE.UU. hasta que ese país rinda cuentas formalmente a Venezuela de las pruebas que posee contra estos venezolanos, porque así lo impone el principio jurídico internacional del debido proceso.
No será el odio político ni la polarización quienes nos persuadan a aceptar la validez de la justicia estadounidense como marco jurídico apto para enjuiciar a venezolanos, del mismo modo que sabemos que jamás los EE.UU. aceptarían que tribunales venezolanos castiguen a sus ciudadanos, sin observar tratados internacionales ni dar explicaciones satisfactorias.
Mientras un nuevo gobierno en EE.UU. reflexiona sobre la necesidad de enmarcarse en los principios del Derecho Internacional, así como de ponerse a Derecho con Venezuela para que se le pueda dar veracidad a sus supuestas averiguaciones contra el narcotráfico; no me queda más alterativa, como experto de la ciencia jurídica, que poner en duda las informaciones que extraoficialmente y bajo la modalidad de escándalo político mediático se han lanzado contra la nación venezolana en ocasión del caso de los mal llamados narco sobrinos.
Prudencia, indiferencia política y apego a los principios del Derecho Internacional Público como el debido proceso y la presunción de inocencia son los postulados que deben orientar la opinion y conclusiones de todo venezolano y toda venezolana en atención a este caso polémico y del cual no existe, por ahora, suficiente información verificada. En ningún caso los venezolanos seremos instrumento de terceros para avalar un linchamiento mediático contra el digno pueblo de Venezuela, y satisfacer el hambre de «renta política» que reina en ciertos círculos políticos sin ética.
Jesús Silva R.
aporrea.org
