Familiares de las víctimas que iban a reclamar los cuerpos fueron llevados en un autobús, fuertemente escoltados, y confinados en el auditorio del antiguo Iupolc, donde funciona actualmente el Senamecf
La morgue de Bello Monte amaneció este domingo acordonada por militares, debido al traslado de los doce agricultores asesinados en el estado Miranda, y que tenían más de un mes desaparecidos.
Familiares de las víctimas que iban a reclamar los cuerpos fueron llevados en un autobús, fuertemente escoltados, y confinados en el auditorio del antiguo Iupolc, donde funciona actualmente el Senamecf, al lado de la morgue, para no permitirles el acceso a la prensa.
Sin embargo, los reporteros obtuvieron testimonios de algunos parientes.
Se supo que ninguno de los fallecidos tenía antecedentes ni registros policiales. Sus parientes aseguraron que eran trabajadores, agricultores, residentes de la zona barloventeña y con familia. Se trata de Eliézer Ramírez, Antony Vargas, Antonio Aladejo, Luis Sanz, Dennys Acevedo, Oscar Rodríguez, Yorman Mejías, Freddy Hernández, Víctor Manuel Martínez, Jairo Rivas, Kenry González y Carlos Marchena.
Estaban desaparecidos desde mediados de octubre y todo indicaba que se trataba de una desaparición forzosa, porque fueron detenidos por efectivos del Ejército en una supuesta OLP.
Javier Mejías dijo que su hermano Yorman Mejías, de 25 años, se dedicaba a la siembra y recolección de caraotas y frijoles. Cuando lo detuvieron estaba con un hermano discapacitado, a quien intentaron llevarse pero luego decidieron liberarlo.
A Antony Vargas de 18 años, se lo llevaron de la puerta de su casa. Era albañil y dejó una hija de 7 meses.
El supuesto operativo duró tres días, los familiares les llevaron comida a una vivienda donde los mantenían retenidos y después les dijeron que habían sido liberados.
En vista de que no aparecían los familiares acudieron a la Fiscalía y denunciaron el caso. Los cuerpos fueron localizados en El Café y en Aragüita, municipio Acevedo del estado Miranda.
El Ministerio Público anunció que imputarán a un teniente coronel, seis sargentos, tres cabos y un mayor, por estos crímenes de lesa humanidad. Dichos funcionarios fueron degradados y expulsados de la FANB.
La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización que hace dos semanas denunció el caso, se pronunció al respecto y exigió castigo para los responsables y que se les otorgue una compensación o reparación a los familiares por los daños causados.
AA