En este segundo semestre de 2016 hemos asistido a un peligroso escenario de vulneración normativa por parte de los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que pone en tela de juicio la solidez legal del bloque regional
El Mercosur nace en 1991 mediante el Tratado de Asunción, documento fundacional central por el cual cuatro Estados deciden constituir un mercado común. A este Tratado se sumarán en el corto plazo el Protocolo de Ouro Preto, el Protocolo de Olivos, el Protocolo de Ushuaia y la Declaración Sociolaboral del Mercosur, que regulan desde la estructura institucional del bloque, pasando por la solución de controversias hasta la promoción de la democracia y el fomento de los derechos de los trabajadores de la región. Además de ello se han adoptado cerca de 3.000 normas sobre una diversidad de cuestiones específicas, así como 139 Acuerdos Internacionales sobre temas comerciales, políticos y de cooperación.
Lo anterior es una muestra tangible de la existencia de un importante acervo normativo que se ha constituido en los 25 años de existencia del Mercosur y que debe suponer la existencia de parámetros claros para el avance de una integración sólida, fortalecida con la inclusión de Venezuela y luego Bolivia (aún en proceso de adhesión) como miembros plenos del bloque. Debe suponer también la muestra de que el modelo de instituciones supranacionales –emulado por esquemas como la Comunidad Andina- puede ser suplantado por un marco legal lo suficientemente amplio para evitar retrocesos derivados de caprichos políticos.
Sin embargo, durante este segundo semestre de 2016 hemos asistido a un peligroso escenario de vulneración normativa por parte de los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que pone en tela de juicio la solidez legal del bloque regional, y abre una brecha para la preeminencia del capricho político sobre la institucionalidad. Así, el cuestionamiento de la condición de Venezuela como Presidencia Pro Tempore del Mercosur, la convocatoria a reuniones sin la presencia de todos los Estados Partes o el avance de negociaciones con terceros países sin respetar la norma de negociación conjunta y el principio de toma de decisiones por consenso, son muestras de una anomalía en el funcionamiento mercosuriano y un atentado contra su universo normativo.
El mayor peligro de esta inédita situación -que parece tener su génesis en la intolerancia política de nuevos gobiernos de derecha hacia el gobierno venezolano- es que el Mercosur esté caminando hacia una flexibilización que suponga retrocesos en sus dimensiones social y política. Es necesario seguir fortaleciendo una integración dentro de la diversidad y evitar que el capricho sea la nueva norma de exclusión regional.
Héctor Constant Rosales
Profesor de la Escuela de Estudios Internacionales
FACES-UCV