Masacres y desapariciones forzadas

En Venezuela ocurren desde hace tiempo hechos idénticos, por lo que hemos alertado de que estamos en un Estado cuyos altos funcionarios son parte de una red de delitos atroces como los de Ayotzinapa

Luis Fuenmayor Toro
El título del artículo recordará a los lectores los trágicos sucesos de finales de septiembre 2014, con los alumnos de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa, a unos 470 kilómetros al sur de ciudad México, quienes fueron agredidos toda una noche por la policía municipal de Iguala, ubicada 260 kilómetros al norte de Ayotzinapa, con saldo de 9 muertos, 43 jóvenes desaparecidos y 27 heridos, que incluían normalistas, maestros y periodistas, así como jóvenes futbolistas y ciudadanos comunes ajenos a las pugnas de los estudiantes y la policía. Éstas se originaron al secuestrar los estudiantes, en su mayoría del primer año y, por tanto muy jóvenes, unos autobuses para viajar días después a ciudad México y asistir a la conmemoración de la masacre de Tlatelolco.
Las investigaciones demostraron que los policías de Iguala y los de Cocula entregaron a los estudiantes detenidos al grupo narcotraficante “Guerreros Unidos”, que termina asesinándolos, quemándolos en el cementerio de Cocula y lanzando sus cenizas a un río cercano, al suponer que había infiltrados del narco grupo enemigo “Los Rojos”, que supuestamente, junto con el Director de la Normal, organizaban las protestas estudiantiles contra el Alcalde de Iguala, José Luis Abarca, miembro de “Gerreros Unidos”. Todo este encadenamiento de redes delictivas nos demuestra el estado de pudrición y descomposición existentes en México, pues estas situaciones no son algo localizado en el estado de Guerrero sino en toda la extensión de ese país.
En Venezuela ocurren desde hace tiempo hechos idénticos, por lo que hemos alertado de que estamos en un Estado cuyos altos funcionarios son parte de una red de delitos atroces como los de Ayotzinapa. Los negocios cambiarios, el narcotráfico y el contrabando de extracción de combustible y de metales, que involucran a las direcciones gubernamentales nacionales y regionales y de Pdvsa; las comisiones distribuidas entre funcionarios públicos por operadores financieros y comerciales; los delitos de secuestro, robo, extorsión y desvalijamiento, que involucran a todos los cuerpos policiales y a la Guardia Nacional; los asesinatos masivos y los dirigidos a dirimir liderazgos, cobrar cuentas o silenciar delatores, son parte de lo que nos ocupa.
La matanza con saña hecha por la Guardia Nacional en Barlovento, luego de una OLP al mando de un teniente coronel, de 12 jóvenes detenidos, sin antecedentes ni vinculaciones delictivas según la Fiscalía, torturados, con tiros en la cabeza y mutilaciones de miembros, sepultados en fosa abierta para ello y hallados el 25-11-2016. La matanza por la Guardia Nacional con un teniente al mando, de 9 hombres en Cariaco el 11-11-2016; la desaparición de 28 mineros en Tumeremo, el 4-3-2016, masacrados por bandas que se disputan el control del oro y sepultados por sus asesinos, hecho negado por el gobernador del estado, son indicadores claros del estado de nuestra pudrición, muy similar o mayor incluso que la mexicana.

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