El director ejecutivo de la aerolínea boliviana Lamia, Gustavo Vargas Gamboa, fue detenido este martes por funcionarios de la fiscalía que investigan el accidente del avión que dejó 71 muertos el pasado lunes en las cercanías de Medellín, Colombia.
El arresto tuvo lugar en las oficinas de la compañía de vuelos chárter cuando las autoridades allanaban las instalaciones en búsqueda de documentos para la investigación en torno al accidente.
El fiscal boliviano Iván Quintanilla confirmó a medios locales el arresto del general retirado Vargas, el director de mantenimiento Antonio Bedrega y una secretaria de la empresa.
«Mis defendidos han colaborado con todo el proceso y están siendo conducidos a la Fiscalía de Distrito en calidad de arrestados», confirmó en ese momento a los medios el abogado defensor de los tres, Néstor Higa.
El Ministerio Público los acusa provisionalmente de los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias. Y también investiga a otras tres personas, tal como informó Quintanilla.
Lamia tenía dos años de existencia en Bolivia y un año operativa con una sola aeronave, la que transportaba a gran parte del equipo de fútbol brasileño Chapecoense cuando se estrelló en una zona montañosa cerca de Medellín.
Quintanilla informó que tomarán declaraciones de los detenidos y si llegan a tener una vinculación con el caso, se ordenará su arresto y serán trasladados ante un juez cautelar.
La autoridad aeronáutica boliviana ya había suspendido el pasado miércoles el certificado y permiso de operación a Lamia.
Aunque aún no se han confirmado las causas del siniestro, la Aeronáutica Civil de Colombia confirmó hace unos días que la aeronave no contaba con combustible en el momento del impacto.
Vargas le dijo a BBC Mundo al día siguiente del siniestro que el aparato «nunca había experimentado ningún incidente» y que ya había realizado un vuelo previo entre Santa Cruz y Medellín.
Gustavo Vargas Gamboa fue piloto presidencial entre 2001 y 2007, según confirmó este martes el ministro de la Presidencia de Bolivia Juan Ramón Quintana a la agencia AP.
Durante ese periodo, pilotó la aeronave gubernamental para los exmandatarios Hugo Banzer, Jorge Quiroga, Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa, Eduardo Rodríguez Veltzé y el actual presidente Evo Morales.
Según Quintana, el mandatario solo ha mantenido «algún contacto esporádico»con Vargas desde que este solicitó su retiro en 2007.
Su detención se produce al día siguiente de que Celia Castedo, la funcionaria de aeropuertos que estaba a cargo de aprobar el plan de vuelo, pidiera asilo a Brasil atravesando la frontera terrestre desde Bolivia.
La mujer estaba siendo buscada por la Fiscalía boliviana, por un supuesto «incumplimiento de deberes y atentado contra la seguridad del vuelo».
Medios locales publicaron un informe en el que supuestamente Castedo advirtió de varias irregularidades en el plan de vuelo del avión de Lamia accidentado, a pesar de lo cual se le dio permiso para partir hacia Medellín.
Pero la autoridad aeronáutica señaló que sus observaciones nunca se produjeron y que la funcionaria las construyó un día después del accidente para evadir su responsabilidad.
Por el momento, la fiscalía de Brasil admitió su solicitud de asilo y el Ministerio de Justicia deberá darle una respuesta en el lapso de un año.
Mientras tanto, la funcionaria puede permanecer en territorio brasileño, señalaron las autoridades. Aunque el gobierno boliviano ya le exigió a Brasil que la expulse inmediatamente para que colabore con la investigación del accidente aéreo.
Pero mientras la investigación se lleva a cabo, el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, afirmó ayer que la responsabilidad del accidente del avión de LaMia es de la empresa y del piloto, Miguel Quiroga, que falleció en el siniestro.
Quiroga, también uno de los dueños de Lamia, era militar retirado de la Fuerza Aérea de Bolivia (FAB).
El ministro de Defensa boliviano, Reymi Ferreira, confirmó este martes que Quiroga se enfrentaba a un juicio militar por haberse retirado de la FAB antes del tiempo reglamentario.
El ministro citó el caso de Quiroga y de otros cinco militares que fueron dados de baja «sin ninguna razón justificable».
Tanto Quiroga como los otros pilotos que dejaron la armada presentaron amparos constitucionales para evitar su detención, dijo Ferreira. EN
MMijares