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La economía nacional se precipita en barrena, no se puede garantizar el sustento a los venezolanos, como tampoco la salud ni la educación; ni mucho menos una vivienda digna
La reciente decisión de la Asamblea Nacional de declarar la responsabilidad política con posible abandono del cargo por parte del actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no ha dejado de ser sorpresiva e inesperada.
Después de tener exactamente un año de actuaciones, el cuerpo de diputados elegido en diciembre de 2015, sorprendió con esta acción a principios de un nuevo año; a pesar de haber sido acosado y arrinconado en numerosas oportunidades durante su desempeño por parte de otros poderes.
Los parlamentarios de la alternativa democrática venezolana decidieron, pues, esta ruta como una de las posibles vías hacia una salida al caos institucional que devora a Venezuela. Son nuestros representantes, están haciendo un trabajo tan duro como delicado y nos corresponde apoyarlos y confiar: especialmente en tanto y en cuanto su legitimidad parte de nuestro voto.
Sin embargo, hay quienes cuestionan -y hay que escucharlos- que esta figura quizá no sea la más acertada. A ellos nos vamos a dirigir hoy. Y por supuesto, hablamos de quienes lo hacen desde nuestra acera, de quienes entienden la urgencia de ubicar e implementar una solución al despeñadero por el cual se precipita nuestro país, a una velocidad cada vez mayor.
Y con el mayor de los respetos, no nos dirigimos a quienes defienden a priori al primer magistrado, porque esa es una incondicionalidad perniciosa y dañina para cualquier democracia; y porque es una discusión perdida el intentar razonar con quien tiene una posición tomada a priori y se niega a modificarla bajo ningún argumento.
Volviendo a quienes cuestionan esta figura buscando aportar a la discusión constructiva, les escuchamos decir que, lejos de abandonar el cargo, el mandatario luce hoy más atornillado que nunca. Que está allí, tomando decisiones a diestra y siniestra. Desacertadas, arbitrarias y nocivas, pero decisiones al fin. Y si algo se puede decir, es que su presencia se siente. Con el tino de un elefante en una cristalería; pero allí está.
A ellos, les queremos argumentar que abandono del cargo no es simplemente desaparecerse, o una ausencia física.
Abandono del cargo es estar pero no accionar. Es, mucho más allá, estar y accionar pero hacerlo desacertadamente, a contrapelo del bienestar, de los intereses del país. En fin, se acuerda en la AN la responsabilidad política por tomar decisiones que enrarecen aún más el complicado ambiente nacional.
Por fallar a quienes le otorgaron el mandato, no velar por sus necesidades, comprometerse con intereses ajenos e incluso contrarios al bienestar ciudadano.
Debemos recalcar, en este orden de ideas, que justamente el acuerdo de nuestros parlamentarios justifica la decisión tomada en el «incumplimiento de sus funciones constitucionales».
¿Cuáles son las mencionadas funciones que se incumplen? Lo que está a la vista no necesita anteojos. La economía nacional se precipita en barrena, no se puede garantizar el sustento a los venezolanos, como tampoco la salud ni la educación; ni mucho menos una vivienda digna.
Más allá: no se les puede garantizar la vida, y lo decimos de cara a la pavorosa inseguridad que todos hemos padecido en las calles e incluso en nuestras viviendas.
A ojos vista están los hechos que reafirman que ocupar una silla no implica estar haciendo lo que se debe hacer. Y esto acarrea una responsabilidad. El Presidente de la República es un funcionario, y como tal, sus actuaciones deben ser evaluadas, y en caso necesario, censuradas. Es un derecho.
Las acciones erradas de quien hoy ocupa ese cargo, acarrean una responsabilidad política, ya que, lejos de encaminarnos hacia las soluciones a tantos padecimientos, los ha profundizado hasta lo indecible.
La otra pregunta que se hacen quienes siguen con inquietud los acontecimientos es: ¿tendrá efectividad la decisión tomada? La respuesta sensata, seria y responsable es que no lo sabemos.
Sí, empezamos hablando del acoso al cual ha sido sometido el Poder Legislativo por parte de los demás poderes, y esto es una realidad lapidaria.
Desde el Poder Judicial se ha declarado a la Asamblea en desacato, se han removido diputados y se vocifera que el Legislativo no tiene facultad alguna para destituir al Presidente; cosa por cierto bastante discutible.
Ciertamente, hemos llegado a un inevitable enfrentamiento. Pero sin embargo, también es real que, como lo han dicho algunos de nuestros legisladores, el hecho de tener a los poderes divididos y en pugna, no los puede privar de cumplir con su deber. Y el deber al día de hoy es calificar la acción -o inacción- de la cabeza del Ejecutivo nacional. Ya hicieron lo que debían hacer. Mañana será otro día.
«A ojos vista están los hechos que reafirman que ocupar una silla no implica estar haciendo lo que se debe hacer. Y esto acarrea una responsabilidad…»
David Uzcátegui
