Evitar salir de noche, no llevar mucho dinero ni objetos de valor, colocar rejas y cercos de seguridad son algunas de las medidas que toman los venezolanos para protegerse de la creciente inseguridad que golpea al país suramericano.
«Yo no salgo con mi carro (auto) después de las ocho (20:00), y si una avenida está sola no me detengo en los semáforos y voy rápido, y si me toca agarrar autobús (…) prefiero dejar mi teléfono en la casa», contó a Sputnik Nóvosti Vanessa Hurtado, acerca de las medidas de seguridad que toma para evitar ser víctima de la delincuencia.
El testimonio de Hurtado se repite en las voces de muchos habitantes de la ciudad de Caracas, entre ellos Xiomara Delgado.
«Le he enseñado a mi hija a entregar todo lo que tenga si la llegan a robar; siempre le repito que más vale la vida que lo material; pero aun así me cuesta estar tranquila cuando llega tarde de la universidad, porque después de las siete (19:00) muchas calles se quedan solas», dijo Delgado.
El sociólogo Antonio González Plessmann, codirector del grupo de derechos humanos SurGentes y exvicerrector de la Universidad Nacional de la Seguridad, explicó que la autoprotección es una necesidad humana.
«Si el contexto social e institucional no garantiza la protección frente a distintos tipos de amenazas o riesgos, es legítimo que la gente adopte medidas para protegerse; el problema ocurre cuando estas medidas transgreden el ordenamiento legal, como en el caso de los linchamientos, los grupos parapoliciales o los asesinatos por encargo», añadió a Sputnik Nóvosti.
Por otra parte, las medidas de autoprotección reproducen la desigualdad de la sociedad.
«Quienes tienen mayor acceso a la riqueza, pagan guardaespaldas o vigilantes en sus urbanizaciones, mejores rejas y seguros o compran a policías para que patrullen por sus negocios», añadió.
Mientras, los más pobres se protegen de manera limitada y con ello, explicó, «el delito tiende a desplazarse a los lugares más ventajosos para su ocurrencia y a concentrarse en los espacios de vida de los sectores populares».
PLANES DE GOBIERNO
El Gobierno de Venezuela, tras reconocer que la inseguridad se ha convertido en un problema, presentó un plan para «revertir la violencia», según palabras del vicepresidente Tareck El Aissami.
El propio presidente Nicolás Maduro instaló un Consejo de Seguridad y aseguró que la lucha contra la criminalidad es tan importante como la recuperación de la economía.
Con ese fin, las autoridades lanzaron la semana pasada el Plan Campaña Carabobo 2017-2021, con seis ejes de acción.
Esos ejes incluyen planes deportivos y culturales para cambiar la cultura de la violencia mediante la habilitación de espacios de recreación, el despliegue de 20.000 uniformados de la Policía Nacional y la Guardia Nacional que se sumarán al patrullaje en las calles, y el control mediante cámaras fijas y drones en las zonas de mayor incidencia delictiva.
También se crea la figura del «patriota cooperante», una suerte de informante local desde las comunidades para «adelantarse con información a las amenazas» de bandas paramilitares.
Asimismo se lanza la Operación Liberación Humanista del Pueblo, que viene a reemplazar la Operación Liberación y Protección al Pueblo, operativos de cuerpos de seguridad que irrumpen en comunidades con más problemas de delincuencia para desmantelar bandas criminales y que a partir de ahora incluyen a la fiscalía.
Finalmente se crean las Casas de Justicia, que funcionarán en las comunidades y manejarán los delitos menores, con penas que no podrán exceder los ocho años de cárcel.
Para el sociólogo Plessmann, este plan es una «reivindicación» de líneas de acción, planes y operativos que se habían iniciado en el pasado, pero se detuvieron «sin evaluación y sin rendición de cuentas».
En su opinión, la idea de los «patriotas cooperantes», que convierte a miembros de comunidades populares en informantes de la policía, puede suponer numerosos riesgos para la vida de los activistas locales.
Plessmann observó la necesidad de que «realmente» se ponga en práctica la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, lanzada en 2012 por el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013).
Para hacer frente al delito «un Gobierno de izquierda» debe reducir la desigualdad en la vivencia de la inseguridad, protegiendo a la población pobre a través de la vigilancia y patrullaje y reduciendo la victimización de los sectores populares por violencia institucional, además de «atacar a los delitos de los poderosos», sostuvo.
Sputnik procuró con insistencia obtener fuentes oficiales para comentar la situación de la seguridad ciudadana y los nuevos planes, pero no obtuvo respuesta.
Desde 2003 el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz no publican cifras sobre evolución de los delitos.
Por su parte, la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia estima en su último informe anual que en 2016 se registraron 28.479 muertes violentas, 604 más que en 2015.
