Estamos ante un grupo muy bien identificado de farsantes que solo para provecho propio nos tratan de describir un escenario de bienestar inexistente
Recordar el 4 de febrero de 1992 es traer a la memoria muchos sentimientos, ideales, y sueños. Es evocar cómo hace dos décadas y media, luego de tres años de haber ocurrido el denominado «Caracazo», una rebelión cívico-militar fijó su posición en defensa de la dignidad de un pueblo que no dejaba de luchar por un destino mejor y que nos obligaba a salvaguardar una patria debilitada por erradas políticas gubernamentales, afectada por la pobreza, la ineficiencia de los servicios básicos, una acelerada inflación y lo peor: una casta política gobernante que no podía ocultar su deliberada conducta de impunidad y corrupción que socavaba los cimientos de la sociedad.
De allí, insurgimos. Y nos convertimos en un movimiento de transformación que nace sobre bases concretas, asumiendo entre las mismas, que las raíces históricas y la disposición de cambio evidenciada el 27-F demandaban la libertad plena del pueblo y la defensa definitiva de la soberanía como una acción conjunta y permanente de la insurgencia cívico-militar; admitiéndose que únicamente podría hablarse de un gobierno del pueblo al lograr su crecimiento y bienestar, siendo indispensable mantener una férrea voluntad de cambio: útil y vinculada a la realidad, bajo la guía principal del pensamiento bolivariano, sus valores históricos y la continuidad, siempre postergada, de avanzar en la Segunda Independencia.
De ahí que desde la génesis del 4 de febrero y con posterioridad al mismo, se venía trabajando en una nueva forma de gobernar con el pueblo y para el pueblo, donde lo social ocupase el primer lugar y la economía fuese la herramienta fundamental del proyecto bolivariano sustentado en nuestra historia independentista, así como el aspecto humano guiado por la esencia del cristianismo, enfatizando una conciencia clara en lo militar y en las necesidades del pueblo, el fortalecimiento del capital nacional, la defensa de la economía patria mediante la producción venezolana, un nacionalismo sano, el respeto a la justicia y la unidad de los Poderes Públicos en sometimiento pleno al Estado de Derecho.
Sin embargo, al examinar la realidad que se vive en la República Bolivariana de Venezuela, vemos cómo la «mala conducción pública» ha vuelto y los principios que fundamentaron el apoyo para un verdadero proceso de transformación son desconocidos, empleándose exclusivamente de manera publicitaria para burlar al pueblo. Estamos ante un grupo muy bien identificado de farsantes que solo para provecho propio nos tratan de describir un escenario de bienestar inexistente, con frases repetitivas, en un país donde la mayoría se ha visto afectada en su calidad de vida debido al deterioro económico y moral al que han llevado la república. Hoy lo que prevalece es la inseguridad personal, la corrupción, ineficacia, el desempeño de un Poder Judicial alejado del deber de impartir justicia apegado a la Constitución y las leyes, un Poder Electoral que no brinda confianza a todos los ciudadanos por igual ante violaciones de derechos políticos, y un Poder Legislativo que ha perdido autoridad en el ejercicio de sus funciones.
La cotidianidad está marcada por un sector que, solo por el hecho de declararse «afecto» al proceso revolucionario, actúa con impunidad, cometiendo todo tipo de delitos, siendo los más reiterados los dirigidos a desfalcar el patrimonio público; valiéndose para ello de todo un tinglado de maniobras dirigidas a engañar al pueblo y gente honesta dentro de las instituciones del Estado, con el fin de justificar lo injustificable y, para ello no reparan ni miden los actos irregulares que recurrentemente violentan la Normativa Constitucional que nos dimos como Poder Originario.
Su actuación los coloca como todo un conjunto de verdaderos traidores a los ideales que dicen defender: unos lo pisotean por acción y otros por omisión.
Hoy en Venezuela lo que resalta de manera exagerada es la falta de un verdadero liderazgo. Estamos ante un ejercicio del poder que se ha convertido en una amenaza constante: se ha hecho común el irrespeto a la función pública, la sujeción a los cargos representativos por decisiones judiciales sin importar el Estado de Derecho, el miedo al voto popular y una sistemática política de división del venezolano.
Por ello puede afirmarse que luego de 25 años del 4 de febrero de 1992, en el presente los objetivos trazados han sido burlados, lo cual exige la necesidad de reflexionar y asumir posiciones activas ante el deterioro que se vive en la patria de Bolívar. Nuevamente se hace imperativa la lucha revolucionaria y solo será exitosa al materializarse una verdadera unión entre los diferentes sectores del país, erradicando todo interés personal y en función de ser lealmente consecuentes con lo mejor del legado de nuestro comandante Chávez.
Clíver Antonio Alcalá Cordones
aporrea.org
