El exgobernador de Cataluña Artur Mas y dos allegados están siendo enjuiciados a partir de lunes por hacer caso omiso a una prohibición constitucional y realizar un referéndum sobre la independencia de la región.
El juicio en Barcelona, que durará cinco días, probablemente agravará las tensiones entre el gobierno central y los partidarios de la secesión de Cataluña, una próspera región del noroeste de España con 7,5 millones de habitantes.
Mas, quien abandonó el cargo a fines del año pasado, podría encarar una prohibición de participar el cargos públicos por 10 años, bajo acusaciones de desacato y conducta inapropiada.
La fiscalía está también exigiendo multas y una exclusión de detentar cargos públicos para la ex vicepresidenta regional Joana Ortega y para la comisionada de educación Irene Rigau, ambas acusadas de estar involucradas en el referéndum realizado en noviembre de 2014.
El 80% de los 2,3 millones de personas que participaron en la consulta se mostraron a favor de la independencia de la región.
El simulacro de referéndum había sido ilegalizado por el Tribunal Constitucional cinco días antes, pero Mas y otros funcionarios recabaron el apoyo de más de 40.000 voluntarios que se instalaron en escuelas y abrieron centros de sufragio.
Mas había dicho el domingo: «Estamos serenos, estamos firmes, convencidos de lo que hicimos y convencidos de que volveríamos a hacer lo mismo en circunstancias similares».
El lunes, los partidarios de la independencia salieron a las calles a expresar su apoyo a los acusados, escoltándolos por las calles de Barcelona hacia el tribunal.
La multitud formó una cadena humana de unos 200 metros hacia las puertas del tribunal, dando vivas y ondeando las banderas extraoficiales de la independencia. Había incluso carteles en inglés: «We shall overcome» («Venceremos») y «Love democracy» («Ama la democracia»).
AP