La cifra global de pagos en América Latina y África alcanzaría los 780 millones de dólares en sobornos en unos 12 países para asegurar más de 100 proyectos de construcción en esas naciones
Ya es conocida la revelación del Departamento de Justicia de EE.UU. de un documento en el que informa que la empresa constructora Odebrecht brasileña y sus allegados, pagaron unos 98 millones de dólares para obtener contratos de obras públicas en Venezuela. La cifra global de pagos en América Latina y África alcanzaría los 780 millones de dólares en sobornos en unos 12 países para asegurar más de 100 proyectos de construcción en esas naciones.
Aquí en Venezuela, los manejos ilícitos se precisan entre los años 2006 y 2015 a funcionarios intermedios del Gobierno, distribuidos en varios ministerios. Además, la mayoría de las obras han tenido retardos prolongados e indefinidos.
La trama de estas operaciones, confesadas por la empresa y ya en vías de reparación en el Perú, donde efectuará compensaciones por los actos irregulares delictivos, debe ser objeto de urgente intervención por los órganos públicos con competencia en esas actividades, como la Asamblea Nacional, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, principalmente.
Ahora bien, lo que puede ser objeto de reflexión en el caso concreto es la actuación que despliegan los órganos oficiales de los países en donde han ocurrido supuestamente estos actos favorecedores de obras públicas. Nos referimos al aliento y estímulo que le dispensan a la promoción de servicios los canales diplomáticos y de alto nivel, desde los presidentes de la república, los que promocionan hacia fuera de sus fronteras, en sus visitas oficiales, la concreción de los contratos entre el país ofertante y el receptor. Ha sido evidente que en esas giras presidenciales, el alto funcionario se hace acompañar por un numeroso grupo de empresarios, quienes viajan hasta en el mismo avión oficial y luego tienen el terreno despejado en los ulteriores tratos de las negociaciones.
El problema queda fundamentado con el abultado número de políticos brasileños, ejecutivos y parlamentarios que están implicados en otro conocido caso, el de Petrobrás, la empresa petrolera de ese país.
El reto en la transparencia de negociaciones público-privadas marca la orientación que tiene que seguirse en ellas, donde los órganos contralores, de diferente naturaleza, juegan un papel esencial, que es la razón de ser de esas instituciones. El tema apenas está esbozado. Tiene diversas aristas, conductas y regulaciones jurídicas, bajo los valores de la moral, la ética y la transparencia en las operaciones públicas de cualquier Estado.
Baltazar Gutiérrez
