La actual Junta Directiva de la Asamblea Nacional, al igual que la electa en el 2016, no ha recibido requerimiento alguno al respecto de parte de la CGR
El no permitírsele el ingreso al Parlamento de una funcionaria designada por el contralor general como interventora, originó el nuevo impasse entre órganos del poder público
“La Asamblea Nacional entra en desacato con la Contraloría General de la República al obstaculizar el ingreso a su lugar de trabajo, ubicado en la sede administrativa del edificio José María Vargas, a la auditora interna interventora de la Asamblea Nacional, Lic. Mayen Ríos Díaz, designada por el contralor general e la República, Dr. Manuel Galindo Ballesteros, mediante la Resolución N.° 01-00-000126 el pasado 13 de febrero de 2017, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 41.095 de fecha 14 de febrero de 2017”.
Así lo destaca una nota de prensa de la CGR, donde se indica que de acuerdo con el artículo 289 constitucional, numeral 3 la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela tiene la atribución de inspeccionar y fiscalizar los órganos, entidades y personas jurídicas del sector público sometidos a su control contenidos en el artículo 9, numeral del 1 al 11 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Asimismo, la CGR tiene a autoridad de practicar las fiscalizaciones, disponer el inicio de investigaciones sobre irregularidades contra el patrimonio público, así como dictar medidas, imponer reparos y aplicar las sanciones administrativas a que haya lugar de conformidad con la Ley que rige la materia.
Extralimitción…
El Parlamento aclaró este lunes su disposición a recibir a la auditora interventora designada por la Contraloría General de la República, Mayren del Carmen Ríos Díaz, por parte de las autoridades del poder Legislativo.
A través de un comunicado, la AN aseguró que el Contralor General incurrió en grave extralimitación de funciones al haber ordenado la intervención de la Dirección de Auditoría Interna, ya que infringió artículos de la Constitución, del Reglamento Interior y de Debates, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema de Control Fiscal y del Reglamento sobre los Concursos Públicos para la Designación de los Contralores Distritales y Municipales.
“El Contralor General de la República pretende fundamentar la intervención de nuestra Dirección de Auditoría Interna en la demora en la convocatoria del concurso público para la designación del Auditor Interno de la Asamblea Nacional, según se aduce en la Resolución 01-00-000126 publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.095, de fecha 14 de febrero de 2017, dado que el actual Auditor Interno se desempeña interinamente desde abril de 2015, cuando fue nombrado por el entonces Presidente de la Asamblea Nacional, el Diputado Diosdado Cabello”.
La junta directiva de la AN asegura que “ni la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema de Control Fiscal ni su Reglamento facultan al Contralor para acordar la intervención de una Contraloría o Auditoría Interna con base en la omisión o demora en la celebración del correspondiente concurso, ya que el artículo 57 de ese Reglamento, al regular la intervención de los órganos de control fiscal se refiere a situaciones en las cuales “de las evaluaciones practicadas surgieren graves irregularidades” que justificaren la intervención.