La Fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, afirmó que en las sentencias 155 y 156 emitidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y que limitan la actuación de la Asamblea Nacional, “se evidencian varias violaciones del orden constitucional”, lo que “constituye una ruptura del orden constitucional”.
Durante un balance ofrecido de la gestión de 2016 desde la sede del Ministerio Público este viernes 31 de marzo, dijo “es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación por tal evento”.
Al inicio de su intervención, Ortega Díaz sostuvo que “existe en el país una pugna institucional que complica los fines del Estado, que son la construcción de una sociedad justa y el bienestar del pueblo”.
La Fiscal General de la República llamó este viernes a las instituciones del Estado y a los actores políticos y sociales del país a trabajar de manera articulada para proteger la paz y el Estado de derecho.
“Considero un deber histórico e ineludible, no solo en mi condición de Fiscal General de la República, si no como ciudadana de este país, referirme a las recientes decisiones signadas con los números 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que constituye una ruptura del orden constitucional. Es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación por tal evento (…) Sobretodo considerando que todos los venezolanos a través del proceso Constituyente de 1999 logramos generar este contrato social que es la Constitución de la República bolivariana de Venezuela (…) El presidente Chávez fue el impulsor de esta Constitución”.
La Fiscal dijo que “fue el pueblo a través de un referendo consultivo, todos, aprobamos esta Constitución”, por lo que como “máxima representante del Ministerio Público, y en nombre de casi 10 mil funcionarios y casi 3 mil fiscales que ejercen de manera autónoma la acción penal, llamamos ala reflexión para que se tomen caminos democráticos, y respetando la Carta Magna propiciemos un ambiente de respeto y rescate de la pluralidad, a que se debata de forma democrática y respetando las diferencias, conseguir caminos institucionales que garantizen la paz y superen los obstáculos que impiden actualmente brindar la calidad de vida que requiere nuestra población”.
La titular del Ministerio Público también se pronunció ante el injerencismo internacional, y lo rechazó categóricamente.
“Quiero también expresar contundentemente que Venezuela es un país soberano, que los venezolanos no aceptamos injerencia extranjera, en ese sentido invoco el artículo 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: Son derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional (…) En ése sentido estoy en contra de cualquier injerencia y de cualquier hecho que atente contra la autodeterminación de Venezuela”.
La funcionaria ofreció un balance de las actuaciones del Ministerio Público durante 2016 y reveló un incremento en la tasa de homicidios en personas de entre los 15 y 30 años, además de delitos cometidos por menores de edad.
Dijo que las muertes a manos de la policía en 2016 fueron 4.667 personas, lo que implica un aumento en la violencia en el país.
“Durante el 2016 detectamos una alta incidencia de homicidios intencionales, que se evidencia en una taza de 70.1 por cada 100 mil habitantes, este indicador nos llama a establecer como meta disminución de la criminalidad”.
La fiscal informó que se registraron 12.069 víctimas entre 15 y 30 años “un trágico saldo que atenta contra nuestra generación de relevo”. Afirmó que es imperativo el desarme de la población en el país para lograr la disminución de la criminalidad.
Habló sobre las violaciones a los derechos humanos en el 2016 “se imputó a 2441 funcionarios por la presunta violación de derechos humanos y se acusó a 635, de los cuales 266 ya están condenado. Los delitos está el homicidio, tortura, trato cruel y privación ilegítima de la libertad”.
“En el 2016 se imputó a 80 funcionarios de distintos cuerpos de seguridad por la pérdida de vida de personas, acusando a 16”.
Indicó que no se pueden quedar impunes los casos de homicidios a mujeres. “El año pasado se registraron 122 femicidios consumados y 57 frustrados, por estos casos se lograron 45 condenas que involucran a 50 personas, estos casos no pueden quedar impunes”.
Sobre los delitos de corrupción, la Fiscal reveló que se logró condena por 979 imputados.
