La Sala Constitucional del TSJ se atribuyó funciones legislativas en una inédita usurpación de funciones que no está prevista en ordenamiento jurídico alguno y que además violenta la lógica más elemental
Quizá el quiebre más delicado que pueda ocurrir en la vida de cualquier nación sea la brecha en la fe que la ciudadanía le tiene a su administración de justicia. Y es eso, justamente, lo que está aconteciendo en Venezuela.
La más reciente crisis entre tantas que está atravesando nuestra patria, tiene que ver con la invasión de un poder sobre las competencias de otro, al colocarse el Tribunal Supremo de Justicia por encima de la Asamblea Nacional y dictaminar que el poder Ejecutivo puede crear empresas mixtas en el sector hidrocarburos sin la aprobación de la Asamblea Nacional.
Esta sentencia, la 156, surgida a raíz de la solicitud de interpretación del artículo 33 de la Ley de Hidrocarburos, pretendía anular a la AN en una de sus funciones y precisamente en una de las más delicadas, como lo es el supervisar todo movimiento que comprometa los recursos de la nación.
La independencia y separación de poderes es el punto de partida del equilibrio para mantener a una nación sana desde todo punto de vista y en pleno crecimiento.
Sin embargo, el enfrentamiento entre los poderes y la invasión de las competencias de uno por parte del otro, lo que traen es un pernicioso agotamiento, al enfrentar a un sector del país con otro. En la Venezuela actual, no hay manera de que los representantes de los máximos entes públicos trabajen coordinadamente y en la misma dirección, labor que debería hacerse teniendo como norte común el bienestar nacional. Y no va a haber entendimiento en tanto y en cuanto este objetivo no sea el fin último.
Pero el insólito impasse va más allá: la Sala Constitucional del TSJ se atribuye funciones legislativas en una inédita usurpación de funciones que no está prevista en ordenamiento jurídico alguno y que además violenta la lógica más elemental.
Dentro de los atropellos que ha padecido la ciudadanía es este quizá uno de los peores. Se pretende dejar al margen nada más y nada menos que al poder Legislativo, electo hace menos de año y medio; y la descalificación al mismo -una más entre tantas- viene justamente del hecho de haber obtenido una indiscutible mayoría opuesta al gobierno actual.
Quizá el cálculo desde las cúpulas del poder, fue que un país aturdido por innumerables problemas sociales iba a dejar pasar de largo semejante aberración, contando con el hecho de que la ciudadanía está ocupada en la solución de sus numerosos problemas cotidianos. Pero no fue así.
Nuestra gente tiene mucha más cultura política de lo que el liderazgo oficialista se imagina. La subestiman. A los venezolanos se les encendieron las alarmas ante este intento de colonización de un poder por parte de otro. El “fujimorazo” del siglo XXI.
Y todos sabemos muy bien de dónde vienen estos problemas que nos agobian: de la misma gente que hoy pretende tener carta blanca para negociar nuestros recursos sin los controles de ley, de los mismos que han causado el caos nacional a punta de manirrotismo y pésima administración.
Son los mismos que fueron sancionados por el voto masivo de la gente en diciembre de 2015 y que ahora no encuentran cómo evadir el ordenamiento constitucional para seguir haciendo lo que les viene en gana.
Y por si fuera poco, el disparate jurídico causó también un escándalo internacional de proporciones mayúsculas. Quienes perdieron la capacidad de asombro ante los insólitos acontecimientos de Venezuela, volvieron a quedar con la boca abierta ante el nuevo y desquiciado invento.
Y nos encontramos ante un hecho: la presión nacional e internacional sí obtiene resultados. Los poderes Ejecutivo y Judicial se desdicen, se contradicen, tratan de remendar, intentan salvar lo insalvable; pero no renuncian a la tozudez de tener la razón, por lo cual el maquillaje es muy endeble y se cae a paso de vencedores.
Tras el enorme ruido dentro y fuera del país, se suprimieron decisiones tales como la usurpación de las funciones del Legislativo por parte del Judicial y se restituyó la inmunidad a los parlamentarios, otra de las descabelladas decisiones que pusieron en alerta roja al mundo entero.
Sin embargo, como alguien dijo por allí, el daño ya está hecho. Ya es notorio el terreno minado por el cual transitamos los venezolanos en cuanto a la inestabilidad y al acecho que hay sobre los representantes legítimos de los ciudadanos.
Sí, ciertamente, el liderazgo rojo de tanto en tanto echa para atrás con algunas de sus imposiciones más descabelladas; pero no pasa mucho tiempo antes de que vuelva a intentarlas. Solamente la vigilancia del pueblo, la conciencia de la gente, y la reafirmación del poder que todos tenemos ante quienes son nuestros empleados y deben rendirnos cuentas, pueden atajar estos despropósitos antes de que causen males mayores.
«La independencia y separación de poderes es el punto de partida del equilibrio para mantener a una nación sana desde todo punto de vista y en pleno crecimiento…»
