Los abogados del gobernador de Miranda, Henrique Capriles, Rafael Chavero y Bernardo Pulido, hablaron sobre la inhabilitación política de 15 años al líder opositor emitida la semana pasada por el Contralor de la República, Manuel Galindo.
Chavero advirtió que la defensa ejercerá todos los recursos internos y externos para la defensa de los derechos políticos de Capriles, como el recurso de consideración ante el propio Contralor de la República y la petición de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“El acto no está firme va a ser objeto de la impugnación”, acotó Chavero a periodistas.
El defensor también expresó que la inhabilitación del Contralor se hizo “sin ningún tipo de justificación, se le impone la sanción más grave a un funcionario público, es decir, por 15 años”.
Los juristas insisten en que la Constitución es clara y expresa al decir que el derecho a ser elegido solo puede ser revocado con una sentencia firme: luego del debido proceso y un juicio.
“Nada de eso sucedió. Aquí no hubo un juicio penal. Sino una acusación por cuatro supuestas faltas inexistentes”, dijo.
Chavero acotó que las “simples irregularidades no afectaron el patrimonio público”. “Son un montaje”, añadió.
A Capriles, según sus juristas, se le acusa por una multa de 40 mil bolívares es decir, 10 dólares al tipo de cambio del “dólar libre”, y se la hacen además por una irregularidad inexistente. La pena de inhabilitación es accesoria a la multa, que para los abogados es la excusa para su inhabilitación.
“No se nos dejó demostrarle que eran causas inventadas. Hay que conseguir una justificación y consiguieron una multa de 40 mil bolívares”.
“Es una pena accesoria y la pena principal es la multa. No hubo daño patrimonial. La multa es por un monto bajo y la inhabilitación es por el término más alto (15 años). Es un acto de babarie y de retaliación política”, sostuvo Chavero.
La Contraloría también penalizó a Capriles por recibir una donación de unas embajadas para usar el dinero en planes sociales. “Eso fue lo que se hizo. Se usó el dinero en planes sociales Pero se dice que no pasó por la Asamblea Nacional.
“Nosotros alegamos que nunca la AN ha aprobado donaciones. No se nos dejó comprobar esto”, añadió.
Chavero añadió que la inhabilitación que se le hace a Capriles, a través del artículo 105 de la Ley de Contraloría, también es ilegal porque en ese apartado solo se permite lainhabilitación a funcionarios administrativos no a los de elección popular como es el caso del gobernador.
El artículo 105 de la Ley de Contraloria “es inconstitucional” , expresó Pulido. “La Carta Magna dice que la única forma de restringir a un funcionario político es a través de un juicio y una sentencia firme. La ley de la Contraloría desde sus inicios, tiene un grave error de formulación”.
“El contralor no puede tener tanto poder para sacar de la carrera política a cualquier dirigente político”, alegó Chavero.
Pulido, además, al Contralor de violar los derechos humanos de Capriles con esta inhabilitación criticada por la Unión Europea, Estados Unidos y varios países latinoamericanos.
