Luisa Ortega Díaz acudió nuevamente al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar una investigación contra seis magistrados de la Sala Constitucional y dos suplentes
4Los acusados de “delitos de conspiración contra la forma republicana que se ha dado la nación” son Juan José Mendoza, Arcadia Delgado, Carmen Zuleta, Calixto Ortega, Luis Damiani, Lourdes Suárez, así como los suplentes: Federico Fuenmayor y René De Graves
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, solicitó este martes ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el antejuicio de mérito contra 6 magistrados de la Sala Constitucional y dos suplentes.
La funcionaria indicó que el antejuicio de mérito fue solicitado por la presunta comisión de «delitos de conspiración contra la forma republicana que se ha dado la nación».
Los magistrados acusados son Juan José Mendoza, Arcadia Delgado, Carmen Zuleta, Calixto Ortega, Luis Damiani, Lourdes Suárez, así como los suplentes: Federico Fuenmayor y René De Graves, informó el portal web de la televisora de noticias Globovisión.
Ortega Díaz aclaró que «no es con un acto de fuerza como se conspira contra la forma republicana de la nación», ya que lo que se ha pretendido desde el TSJ es «desmantelar el Estado».
«También se conspira generando daños irreparables a través de sentencias», declaró la Fiscal a las puertas del Tribunal Supremo de Justicia.
Ante esta situación, «frente a la negación y desconocimiento del Estado de Derecho me vi en la necesidad de solicitar este antejuicio de mérito porque es necesario la paz en la República».
La Fiscal solicitó que los Magistrados «ética y moralmente se inhiban de seguir en el cargo. En el supuesto que no lo hagan solicitamos la recusación y la medida cautelar innominada».
«Estos magistrados no pueden seguir en la Sala Constitucional (…) sería la muerte del derecho si estos Magistrados siguen en esta Sala», enfatizó la representante del Ministerio Público.
Fundamentos
de la solicitud
Entre los argumentos que sustentan la solicitud de la Fiscal se encuentra la publicación de las sentencias 155 y 156, en las que «se producen una ruptura del orden constitucional», que «tal el impacto y magnitud de esas sentencias que se convocó el Consejo de Defensa de la Nación», que solicitó una aclaratoria de la misma.
Sin embargo, en ambas sentencias «se disolvía la Asamblea Nacional, se le quitaban todas las competencias y se las abrogaban a la sala constitucional del TSJ con la potestad de delegarlos en quien ellos quisieran. Estas sentencias ponen en peligro la democracia».
«Posteriormente la Sala Constitucional en la sentencia 378, señaló que se revive la democracia representativa y se deroga la democracia participativa y protagónica, violando el articulo 5 de la Constitución, además, se le transfiere a un poder constituido la soberanía que es del pueblo y que solo este lo puede ejercer, por lo que se atenta contra la supremacía constitucional», recordó la máxima representante del Ministerio Público.
Violación de la Tutela
Judicial a ciudadanos
Además, la fiscal Luisa Ortega Díaz denunció la violación de la Tutela Judicial Efectiva al impedir el acceso al Tribunal a ciudadanos que querían apoyar el recurso introducido, así como se incumplió con lo establecido en las aclaratorias de las sentencias 155 y 156, en las que se aseguraba que cualquier persona podía solicitar este procedimiento.
Presentó además pruebas de la orden de varios juzgados para prohibir la recepción de apoyos al recurso introducido por la Fiscal en el estado Portuguesa.
Sobre designación
de los magistrados
Ante la solicitud presentada, la Fiscal General relató cuáles fueron los procedimientos ejecutados durante el proceso de designación de magistrados por parte del Consejo Moral Republicano.
«Durante el curso de la selección de los magistrados advertí que esa no era la manera, pero nunca se me escuchó», destacó.
Luisa Ortega Díaz precisó que no fue convocada una sesión extraordinaria del Consejo Moral Republicano para evaluar los baremos de postulación, «sino que se remitieron los expedientes y después se me presentó un acta para que yo la firmara, que me negué a firmar y que la secretaria también se negó a hacerlo».
«Me negué a firmarlo porque este acto nunca se realizó», concluyó.
