La fiscal general Luisa Ortega se ha convertido en la mayor adversaria del gobierno en Venezuela, según analistas para desnudar su deriva antidemocrática. Pero ¿hasta donde puede llegar frente al poder institucional y militar que sostiene al presidente Nicolás Maduro?
Ortega, veterana partidaria del chavismo a la que ahora el gobierno llama «traidora», ha presentado en menos de dos semanas una seguidilla de recursos legales contra la Asamblea Constituyente convocada por Maduro y más de una treintena de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Pero esas acciones están siendo dirimidas por una corte suprema que ella misma acusa de propiciar la ruptura del orden constitucional en Venezuela, convulsionado por una ola de protestas opositoras desde hace 75 días, que dejan 68 muertos.
Un TSJ que, además, ha sido clave, junto a la Fuerza Armada, en el pulso entre Maduro y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en año y medio de profunda crisis institucional, desatada cuando esta coalición opositora asumió el control del Parlamento en enero de 2016.
He aquí algunas claves para entender las movidas de Ortega y sus posibles efectos.
¿Qué busca la fiscal?
Solicitó abrir un juicio contra ocho magistrados y anular el nombramiento de 33, en una corte de poco más de 60 jueces, entre titulares y suplentes, presidida por un controvertido juez cercano a Maduro, Maikel Moreno.
«Es irrelevante si los recursos son aceptados o no. Los presentó para darle sostén a la tesis de que hay una ruptura constitucional, un abuso de poder y un intento de golpe institucional por parte del gobierno y el TSJ», dijo a la AFP el analista Luis Vicente León.
Para el constitucionalista Juan Manual Raffalli «su estrategia es desnudar la falta de institucionalidad del TSJ», poniéndolo en «aprietos» con recursos que previsiblemente serán rechazados.
Pero además, según el politólogo Michael Penfold, busca «poner en evidencia que la forma como se convocó la Constituyente viola los principios constitucionales» y confirmar «la inexistencia de la división de poderes y el funcionamiento del Estado de Derecho en el país».
El TSJ rechazó un recurso de nulidad de la Constituyente en el que Ortega cuestionó al poder electoral y a Maduro por haberla convocado sin consulta en referendo, con un sistema de elección de los asambleístas que -afirma- niega el sufragio universal.
¿Hasta dónde puede llegar?
Sin que nadie apueste por que prosperen las acciones legales de la fiscal, los analistas le atribuyen un potencial efecto de implosión en la estructura del poder.
«Políticamente tiene un peso devastador pues hace ver que la Constituyente no tiene legitimidad alguna y divide de una manera cada vez más evidente tanto al chavismo como al mundo militar», opinó Penfold.
Un grupo de exfuncionarios -incluidos exministros y de generales retirados chavistas, como Cliver Alcalá, Miguel Rodríguez Torres y Alexis López -quien renunció a un órgano administrativo estatal-, rechaza la Constituyente por estimar que destruye el legado del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013)
El jefe de la Fuerza Armada Nacional (FANB), Vladimir Padrino López, ha reiterado su «lealtad incondicional» al mandatario y participa activamente en los llamados a la Constituyente. Pero los expertos no descartan fisuras en esa institución que aumentó su poder político y económico en el gobierno de Maduro.
«Las divisiones existen. Hay grupos de poder. La Constituyente es la excusa perfecta para reposicionarse entre quienes dicen defender el legado de Chávez y quienes pasan a ser leales a Maduro», afirmó la experta en tema militares Rocío San Miguel.
La analista aseguró a la AFP que «todo indica que hay un sector (…) de oficiales retirados que aspira a tutelar en la FANB la transición que impulsa la fiscal».
¿Quién tiene la llave de la salida a la crisis?
Para Penfold «no la tiene ninguna autoridad ni ninguna fuerza política actuando aisladamente».
«Se va a necesitar de un esfuerzo coordinado entre distintas instancias para renovar los poderes públicos y garantizar que se cumplan esas decisiones», agregó.
La fiscal «no tiene opciones con el gobierno. Debe abrir espacios para una transición. No sabemos si tiene más respaldos que irán apareciendo o si busca fracturar para anexar» apoyos, comentó León.
León cree que la acción de Ortega puede aumentar disidentes en la Fuerza Armada, en el chavismo y en el poder institucional, y motivar una acción más contundente de la comunidad internacional, pero opina que todo debería conducir a «la negociación» entre gobierno y oposición.
El politólogo chavista Nicmer Evans, duro crítico de Maduro, está convencido de que, como la fiscal, en otros poderes públicos hay funcionarios preocupados por las «pretensiones dictatoriales del gobierno» y podrían dar un paso al frente en defensa de la Constitución y la negociación para salir de la crisis.
AFP
