El vicefiscal general de la República, Rafael González Arias, afirmó que la solicitud de antejuicio de mérito admitida este martes 20 de junio por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, no se basa en ilícitos penales, por lo que solo se trataría de un proceso administrativo y político.
Durante una entrevista transmitida por la emisión matutina del noticiero Televen, indicó que esta iniciativa no puede acarrear medidas cautelares como la prohibición de salida del país ni la privación ilegítima de libertad, de lo contario atentaría contra la seguridad jurídica, además de representar la destrucción del Estado.
En este sentido, recordó que los miembros del Poder Ciudadano solo podrán ser destituidos por la Asamblea Nacional, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
González Arias también advirtió que según el TSJ la Fiscal General incurrió en faltas graves como ignorancia del texto fundamental, según los artículos 22 y 23 de las leyes orgánicas del Poder Ciudadano y del Ministerio Publico, respectivamente; sin embargo, en ningún punto se exponen argumentos como la insania mental.
De igual manera, denunció que “el TSJ convoca al diputado Pedro Carreño, a los miembros del Poder Moral y a la doctora Luisa Ortega Díaz a una audiencia pública, pero no fija el día; eso es inseguridad jurídica, ya que el derecho a la defensa requiere tiempo suficiente para prepararla”.
“Es necesario contar con un TSJ que actúe imparcialmente ante los conflictos que se presenten en la sociedad para conservar la paz; su misión es frenar cualquier acción anticonstitucional que pueda provenir de cualquier poder público y, en estos momentos creemos que esta institución ha negado el acceso a la justicia”, dijo González Arias.
Asamblea Nacional Constituyente
Sobre la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el Presidente de la República, Nicolás Maduro, expresó que el 90% de la población la rechaza. «Venezuela está en una situación económica difícil y el pueblo espera medidas y cambios institucionales que solventen esta problemática, y la misma no fue creada para tales fines”.
Asimismo, resaltó que el poder constituyente originario ha sido ignorado y desconocido, pues el Presidente de la República tiene la iniciativa de proponer la constituyente, pero no tiene la potestad de convocarla.
A su juicio, este poder reside solamente en el pueblo, por lo que el Consejo Nacional Electoral debe convocar un referendo consultivo, a los efectos de decir si el país apoya o no la iniciativa presidencial así como las bases comiciales.
Próximas actuaciones
Por otra parte, señaló que en Venezuela no existe tutela judicial ni Estado de Derecho y aseguró también que acceder a la justicia es prácticamente inútil, pues el TSJ, lejos de buscar la solución pacifica de los conflictos, está plegado a una posición de mantener criterios que provienen de un solo sector de la sociedad.
En este escenario, calificado por González Arias como una emboscada, la Fiscal General de la República ejercerá su defensa convocando al país a continuar en el resguardo de la Constitución Nacional.
NDP MP