Asimismo indicó el abogado constitucionalista que “la Asamblea Nacional es la que tiene la facultad para destituir a la representante del Ministerio Público”
El abogado constitucionalista, Gerardo Blyde, consideró este miércoles que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, «no ha cometido delitos ni faltas graves» para que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitiese un antejuicio de mérito, al considerar que sus demandas están dentro del marco constitucional.
«No veo que la Fiscal haya cometido ni una falta ni un delito, ni nada que se le parezca. ¿Es qué acaso acudir a los órganos y hacer peticiones para defender la Constitución representa una falta grave o delito?», expresó durante entrevista en el programa Vladimir a la 1 por Globovisión..
Dijo que el TSJ «se contradice» con la admisión del antejuicio de mérito. En este sentido, Blyde indicó que en la nota de prensa emitida por el ente judicial se hace referencia a faltas graves, que en términos del derecho, debe procederse a un proceso de destitución de su cargo, lo cual no tiene que ver con un antejuicio de mérito, que debe aplicarse en caso donde haya la presunción de delitos.
Asimismo, indicó que la Asamblea Nacional es la que tiene la facultad para destituir a la funcionaria, al mismo tiempo que indicó que tras el proceso debe llevarse a cabo una audiencia donde Ortega Díaz tenga el derecho a la defensa, sin embargo señaló que hasta el momento no ha tenido acceso al expediente introducido por el diputado Pedro Carreño.
«Hasta que no tengamos la sentencia no se sabrá qué se somete a juicio», expresó.
“La situación
constitucional”
El también alcalde el municipio Baruta, Gerardo Blyde, indicó la Asamblea Nacional Constituyente se está «imponiendo por la fuerza», al señalar que no hay una progresividad de los derechos como está establecido en la Carta Magna, al no realizar un referendo consultivo para convocarla.
A su vez, dijo que los artículos 333 y 350 «son protectores de la Constitución» cuando se rompe el orden constitucional, por lo que citó que el oficialismo los activó en abril de 2002 con la presencia en calle.
Ante este panorama, llamó a la reflexión a los magistrados y los voceros del Gobierno nacional, porque a su criterio la situación del país en esta dirección va a agravarse.
