La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, impidió este jueves el ingreso al Ministerio Público (MP) de la abogada chavista Katherine Haringhton, quien la reemplazaría si es destituida, cuando pretendía asumir su cargo de vicefiscal.
«Denunciamos la pretensión arbitraria de la vicefiscal nombrada por el TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) de ingresar al MP», aseguró Ortega en su cuenta de Twitter, luego de que Haringhton se retirara de la Fiscalía sin que le abrieran los portones frente a decenas de periodistas.
Ortega, quien permanecía en esos momentos en la planta baja del edificio junto a un grupo de colaboradores y funcionarios, dijo responsabilizar al servicio de inteligencia y a la Guardia Nacional «de cualquier situación irregular que ocurra contra la sede y funcionarios del MP», según otro Twitter.
Haringhton llegó sorpresivamente con delegados del TSJ y escoltas a la sede de la Fiscalía, en el centro de Caracas, pero tras esperar unos 20 minutos decidió retirarse tras breves declaraciones a la prensa.
«Estaba optimista para que nos recibirán (…). La intención es comenzar a trabajar con la fiscal general conjuntamente por lo que es la marcha del país y la paz que todos queremos», aseguró.
Haringhton fue juramentada hace dos días por la Sala Constitucional del TSJ, poco antes una audiencia en la que la corte decidirá si enjuicia a Ortega por supuestas faltas en el cargo, acusada de mentir en señalamientos contra los magistrados.
«Veníamos a hacer un equipo de trabajo, a procurar la reflexión de la fiscal general para actuar en pro del país que tanto lo necesita. Aquí estoy, yo tengo una misión, he sido juramentada para cumplirla (…), yo estoy segura que ella va a pensar un poco mejor en calma», agregó.
Ortega dijo desconocer el nombramiento de Haringhton como vicefiscal por considerar que debe hacerlo el Parlamento -de mayoría opositora- y que los magistrados fueron elegidos ilegalmente.
Tras años de línea oficialista, la fiscal general se convirtió hace tres meses en una de las principales adversarias del presidente Nicolás Maduro y del TSJ, acusado por la oposición de ser manejado por el gobierno chavista.
Haringhton, fiscal regional durante la gestión de Ortega, fue sancionada en 2015 por Estados Unidos que la acusa de violaciones de derechos humanos al haber enviado a la cárcel a varios dirigentes opositores como el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.
AFP
