La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, quien se rebeló contra el presidente Nicolás Maduro, advirtió que se mantendrá en el cargo aun si la máxima corte la destituye como parte de un juicio planteado por el oficialismo.
«Voy a mantenerme firme en mi cargo para defender la democracia (…) Me han tratado como si hubiera cometido un delito», dijo Ortega en una entrevista a la emisora argentina Radio Con Vos.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de seguir los dictados del gobierno, anunciará a más tardar el miércoles su decisión, luego de la audiencia celebrada hace una semana en la que el oficialismo señaló a Ortega de mentir en afirmaciones contra los magistrados.
«Yo denuncié a los magistrados que me están procesando porque no son legítimos. No sé si me van a destituir o no, acá puede pasar cualquier cosa», agregó Ortega.
El mismo día de la audiencia en su contra, el 4 de julio, el TSJ juramentó como vicefiscal y eventual sustituta a Katherine Harington, polémica abogada chavista sancionada por Estados Unidos bajo cargos de violación de derechos humanos.
Ortega rompió con el gobierno en medio de una convulsión social y política por las protestas opositoras, que dejan 93 muertos desde el 1 de abril y que exigen la salida de Maduro.
Su suerte será decidida en una semana de intensa movilización de la oposición y el oficialismo en contra y a favor de una Asamblea Nacional Constituyente convocada por Maduro, y que la fiscal rechaza por considerarla violatoria de la democracia.
Plebiscito y Constituyente
El gobierno realiza toda esta semana actos de campaña para promocionar a sus candidatos de cara a la elección, el 30 de julio, de la Constituyente, un suprapoder que regirá al país por tiempo indeterminado y que según la oposición busca imponer un «régimen al estilo Cuba».
«A los traidores no los quiere nadie, no sé cómo pueden dormir pensando que los que te ayudaron le das una puñalada por la espalda», dijo Diosdado Cabello, candidato a la Constituyente, aludiendo a la fiscal y a chavistas críticos que se oponen a la Constituyente.
La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) organizó un plebiscito simbólico para el próximo domingo, confiada en mostrar un rechazo masivo a la Constituyente, con la que, asegura, Maduro busca perpetuarse en el poder.
El diputado oficialista Pedro Carreño, quien solicitó el antejuicio contra la fiscal, presentó el lunes un recurso de nulidad de la consulta popular convocada por la oposición, porque se hará sin el aval del Consejo Nacional Electoral (CNE), también acusado de oficialista.
«Ese plebiscito sólo tiene la intención de echar a andar un plan golpista. Es inconstitucional porque no está en la Carta Magna y porque el ente rector es un poder público y lo están desconociendo», aseveró el diputado.
Guerra abierta
Para Ortega, abogada de 59 años, la decisión de la corte está «cantada» y rechazó asistir a la audiencia por considerarla un «circo» e «ilegítimos» a los magistrados, nombrados por el anterior Parlamento chavista.
Desde ese día, no obstante, aceleró una serie de imputaciones y resoluciones contra funcionarios civiles y militares, atizando aún más el enfrentamiento con el gobierno, acusado por sus adversarios de la devastación económica que sufre el país.
El Parlamento, de mayoría opositora, tenía previsto debatir la tarde de este martes sobre el proceso de destitución contra la funcionaria, a quien respalda, pero su directiva suspendió la sesión al denunciar «restricciones» que impuso la militarizada Guardia Nacional.
Ésta iba a ser la primera sesión del Congreso tras la violenta irrupción, el pasado miércoles, de un grupo de chavistas que hirió a siete diputados y mantuvo bajo asedio el palacio legislativo durante unas nueve horas, según los diputados con la anuencia y complicidad de la Guardia Nacional.
En su guerra abierta con el gobierno, la Fiscalía imputó el lunes por presunta violación de derechos humanos al jefe militar responsable de la seguridad de la cámara, coronel Bladimir Lugo, a quien citó para el jueves.
También abrió una investigación contra 43 militares por supuestamente haber «despojado» de sus pertenencias a manifestantes en las protestas, y citó a dos empresarios cercanos al gobierno por supuestos «sobreprecios» en la compra de suministros para la petrolera estatal PDVSA.
La posible destitución de Ortega desataría otra lluvia de críticas contra el gobierno, como la que recibió la semana pasada por la agresión a los parlamentarios.
AFP
