Luego de varios años de hegemonía de las dictaduras militares en nuestra región, la democracia va logrando espacios y el tema de su defensa va entrando progresivamente en la agenda internacional
La defensa de la democracia es un tema relativamente novedoso en la agenda internacional, con particular énfasis en nuestro hemisferio, cuya negociación ha sido compleja, pero progresivamente se va fortaleciendo. Su estrecha vinculación con los derechos humanos y el derecho humanitario y su significado en las transformaciones de la dinámica mundial, le asignan un papel privilegiado.
Recordando brevemente algunos antecedentes, debemos mencionar el importante aporte brindado por ilustres venezolanos; por ejemplo, el poeta del pueblo Andrés Eloy Blanco, quien como canciller de Venezuela en 1948, promueve la tesis de las “buenas compañías”, para generar un círculo de apoyo a los nuevos procesos democráticos, tesis que profundizará el presidente Rómulo Betancourt, con la denominada “doctrina Betancourt”, que se concentra en la legitimidad de origen; es decir, en la defensa de los gobiernos electos democráticamente, que pueden enfrentar la amenaza de la ambiciones militares del poder.
Luego de varios años de hegemonía de las dictaduras militares en nuestra región, la democracia va logrando espacios y el tema de su defensa va entrando progresivamente en la agenda internacional. Con la negativa experiencia del llamado Fujimorazo (1992), cuando el presidente peruano, quien había sido electo democráticamente, decidió destruir la institucionalidad democrática para fortalecer su poder, disolviendo el Congreso y la Corte Suprema de Justicia, los países observaron otra faceta crucial en la defensa de la democracia, como lo es la legitimidad del ejercicio.
Resultaba necesario prevenir que gobiernos electos democráticamente aprovecharan las bondades de la democracia para destruir sus instituciones y consolidar un poder autoritario.
En este contexto, van surgiendo cláusulas democráticas en el continente, como mecanismo para la defensa de las democracias, tanto en su legitimidad de origen, como de ejercicio. Entre las primeras, Mercosur (1998), luego la Comunidad Andina (2000), una muy amplia la interamericana adoptada en la OEA (2001), también en Unasur (2010).
La experiencia reciente de la crisis de derechos humanos e institucionalidad democrática venezolana, objeto de consideración en la OEA, evidencia que la normativa aún es frágil y requiere de un esfuerzo para su perfeccionamiento, que debería conllevar, entre otras cosas, una mayor participación de la sociedad civil en la denuncia de las violaciones y en la construcción de las soluciones.
Félix G. Arellano
Profesor de la Escuela de Estudios Internacionales.
FACES-UCV.