El Ministerio Público ejerció una acción de protección contra el Ministerio del Poder Popular para la Salud y el Hospital José Manuel de los Ríos, con el objeto de garantizar los derechos a la vida y a la salud de los niños, niñas y adolescentes que reciben tratamiento sustitutivo renal en la Unidad de Hemodiálisis del Servicio de Nefrología del referido centro de hospitalario.
En ese sentido, el fiscal 92º nacional, David Toro, requirió que se ordene el cierre temporal preventivo de la mencionada unidad hasta tanto los entes competentes determinen la causa real del brote infeccioso y sea subsanado, garantizando así su óptimo funcionamiento.
Igualmente se pidió que los pacientes que actualmente son atendidos en ese lugar sean referidos a otros centros especializados en tratamiento renal y asistidos por el personal de la salud facultado en nefrología pediátrica.
Además, se solicitó que el referido ente ministerial garantice la dotación del tratamiento médico y farmacológico correspondiente, así como el mantenimiento de los equipos e infraestructura en los centros públicos de salud con atención pediátrica.
Dicho requerimiento fue asignado por distribución al Tribunal 9º de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional.
Cabe destacar que esta acción guarda relación con la investigación que adelanta el fiscal 66º nacional, Renny Amundaray, respecto a la muerte de cuatro pacientes con edades comprendidas entre 2 y 16 años, ocurridas entre los meses de mayo y junio de 2017, en el Hospital J.M. de los Ríos, situado en Caracas.
