Tras una solicitud del asambleísta Diosdado Cabello, la Asamblea Nacional Constituyente votó por aclamación la destitución de la jefa del Ministerio Público sin ningún tipo de debate
La Asamblea Nacional Constituyente inició este sábado sus funciones con mano de hierro, al destituir a la fiscal general, Luisa Ortega, e imponer a su sustituto.
El órgano, un «suprapoder» que reescribirá la carta magna promulgada por el fallecido expresidente Hugo Chávez en 1999, también decidió que legislará hasta por dos años.
Cumpliendo el deseo de Maduro de darle un revolcón a la Fiscalía, luego de que Ortega se le rebelara, la Constituyente removió a la fiscal, que acusa al mandatario de tener «ambiciones dictatoriales».
Pero la funcionaria desconoció la decisión y dijo que no la acatará, porque la misma está «al margen de la Constitución y la ley», según un comunicado.
Inicialmente el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de servir al gobierno, la suspendió de sus funciones para someterla a juicio por supuestas irregularidades en el cargo.
Pero instantes después la Constituyente la destituyó fulminantemente ante una propuesta del asambleísta Diosdado Cabello.
Como todas las decisiones del día, fue aprobada por aclamación y sin debate entre los más de 500 asambleístas.
Maduro justificó la decisión en una entrevista con una radio argentina, indicando que la fiscal «mintió» en acusaciones contra el TSJ.
En reemplazo de Ortega, la Constituyente juramentó provisionalmente a Tarek William Saab, quien dejó la Defensoría del Pueblo.
La exfiscal, quien tiene prohibición de salir del país y congeladas sus cuentas, sostuvo que este caso solo es una «muestra ínfima de lo que viene para todo aquel que se atreva a oponerse a la forma totalitaria de gobernar».
Temprano, militares le impidieron ingresar a su despacho, tras lo cual partió en una moto con escoltas y prometió que seguirá «luchando».
«Estas decisiones ya se habían anunciado», pero revelan la intención de mostrar «mano dura por parte de un poder que podríamos considerar de facto», dijo a la AFP la analista Francine Jácome.
Rechazo internacional
La destitución fue condenada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la Organización de Estados Americanos (OEA), el Parlamento Europeo, Canadá y varios países latinoamericanos.
«Es el secuestro total de todas las instituciones por un solo partido», dijo a periodistas Julio Borges, presidente del Parlamento.
Para el mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, es el «primer acto dictatorial» de la «ilegítima» Constituyente, mientras el secretario general de la OEA, Luis Almagro, advirtió que la «dictadura será barrida por el pueblo».
Estados Unidos, que ha anunciado sanciones económicas por la aprobación de la Constituyente y es acusado por Caracas de tener un plan golpista, descartó una intervención militar, según el asesor de Seguridad nacional Herbert Raymond «HR» McMaster.
Ortega recibió, en tanto, medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano que advirtió que la vida de la fiscal está en «riesgo inminente». El gobierno desestima esas medidas de protección.
Constituyente por dos años
La Constituyente tomó otra medida que estremece el ya convulso escenario político, al decidir que su período de funciones será de hasta dos años.
De abarcar ese lapso, iría más allá del mandato de Maduro, que finaliza en enero de 2019.
Jácome opinó que esa decisión deja en el limbo las elecciones de gobernadores, anunciadas para diciembre, y las presidenciales, que deberían realizarse a fines de 2018.
La MUD, que exige comicios generales para resolver la grave crisis política y económica, considera a la Asamblea Nacional Constituyente como un «fraude» para mantener a Maduro en el poder e instaurar una «dictadura comunista».
Presidida por la excanciller Delcy Rodríguez, la Constituyente activará este domingo una Comisión de la Verdad que, según Maduro, investigará los «crímenes de la derecha» en las protestas iniciadas hace cuatro meses, con saldo de 125 muertos.
La asamblea retomará sus sesiones el martes, cuando suele deliberar el Parlamento, en donde Maduro y varios constituyentes han advertido que pondrán «orden».
Aunque el mandatario prometió que la nueva Constitución se someterá a referendo, los asambleístas prometen seguir tomando decisiones de aplicación inmediata como las de este sábado.
Revisión a fondo
En sus primeras palabras como fiscal juramentado, Saab dijo que “por instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro” aplicarán todo el peso de la ley a quienes “promovieron hechos de violencia en el país en los últimos meses”.
El funcionario informó que una de las primeras acciones que tomará su despacho será revisar “a fondo y sin miedo” las últimas decisiones tomadas por el Ministerio Público, pues, a su juicio, el despacho fiscal, mientras estuvo dirigido por Luisa Ortega Díaz, se convirtió en una industria de acusar e imputar a mansalva.
“La amenaza y el chantaje era la divisa de la institución. El MP no actúo ante las acciones de quienes pretendían desestabilizar al país y cobraron la vida de más de 100 personas”, señaló el funcionario.
Para Tarek William Saab, la fiscal general Ortega Díaz es responsable de las muertes que se dieron en medio de las manifestaciones antigubernamentales que se registran en el país desde abril de este año, porque “no actuó oportunamente”.
El fiscal general juramentado por la ANC aseguró además que se mantendrán firmes en las decisiones tomadas, sin importar las sanciones que pueda esto acarrear.
“Así haya sanciones nos mantendremos firmes, Venezuela no será la Chile de Pinochet ni será la nueva Panamá”, aseguró.
Durante su intervención, Saab informó que la Defensoría del Pueblo será asumida por Alfredo Ruiz, quien hasta este 5 de agosto fue director ejecutivo de la institución.
Javier Tovar
Alexánder Martínez
AFP
Juan Barreto / AFP